Parlamentarios de Chile Vamos pidieron a la ONU que tome medidas para "asegurar el correcto funcionamiento del Instituto Nacional de Derechos Humanos y que se respeten los principios de imparcialidad y objetividad". En concreto, hicieron tres acusaciones: negligencia en acreditación de víctimas, persecución arbitraria a agentes del Estado e instrumentalización política.
Los jefes de bancada de Chile Vamos pidieron a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) evaluar la acreditación del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Cabe recordar que la UDI, RN y Evópoli levantaron una solicitud para remover a la directora del organismo, Consuelo Contreras, y al consejero Francisco Ugás. Aquello fue aprobado por la Cámara, por lo que ahora todo quedó en manos de la Corte Suprema.
El requerimiento nació a partir de la fallida querella del INDH por un posible tráfico de influencias en el Poder Judicial. Parlamentarios de Chile Vamos aseguraron que la acción fue interpuesta “arbitrariamente” y movida por intereses políticos.
En ese contexto, los diputados Gustavo Benavente, Ximena Ossandón y Jorge Guzmán solicitaron a la ONU que adopte medidas para “asegurar el correcto funcionamiento del Instituto y que se respeten los principios de imparcialidad y objetividad”.
En particular, los parlamentarios redactaron una carta en donde exponen tres acusaciones en contra del INDH: actuación negligente en la acreditación de víctimas, persecución arbitraria e instrumentalización política.
“Se reconoció la calidad de víctimas sin la intervención de peritos especialistas, sin un debido manejo de los documentos o de los relatos recibidos y, finalmente, concediendo el reconocimiento en un proceso del todo opaco que certificó lesiones o incapacidades sin ser tales”, señalaron sobre el primer punto.
En cuando al segundo, afirman que “existe un importante número de agentes que han sufrido una persecución injustificada y arbitraria, basada en evidencia sin contundencia alguna y que terminaron gravemente afectados en su ámbito individual, profesional y reputacional”.
Finalmente, respecto a una posible intención política en las acciones del Instituto, los legisladores de oposición plantean que “el exdirector Sergio Micco reveló haber sido coaccionado para presentar acciones judiciales en contra del Estado por hechos que, en su impresión, no ameritaban ser calificados como atentatorios contra derechos humanos”.
