El Ministerio Público no accedió a entregar las copias de las conversaciones en WhatsApp del denominado Caso Hermosilla, en medio de la trama de posible corrupción al interior del Poder Judicial.
Así lo confirmó este jueves el fiscal Nacional, Ángel Valencia, a propósito de una solicitud realizada por el Comité de Ética de la Corte Suprema.
Lo anterior, como parte de los antecedentes de las investigaciones penales que involucran al exjuez Juan Antonio Poblete Méndez y el abogado Luis Hermosilla Osorio, así como a los ministros de la Corte Suprema y a Gonzalo Migueles.
Recordemos que según publicó Ciper Chile, se encontró en el celular de Hermosilla el pantallazo de una conversación entre Migueles y el fiscal Carlos Palma, durante el último proceso de elección de fiscal nacional.
En la conversación, Migueles habría ofrecido a Palma pagarle un doctorado y posicionarlo a la cabeza de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, en reemplazo del fiscal Xavier Armendáriz.
No obstante, esto no sería gratis, ya que a cambio solicitaba que le dieran su apoyo al candidato que ya había sido designado por La Moneda.
El escándalo derivó en que la Corte Suprema pidiera al Ministerio Público las conversaciones, como insumo para la indagatoria que lleva adelante el Comité de Ética del máximo tribunal del país.
No obstante, a través de un oficio, el fiscal Valencia explicó la negativa, apuntando que lo solicitado está relacionado con información incluida en investigaciones penales en curso.
En ese sentido, argumentó que de acuerdo con lo establecido en el Código Procesal Penal y otras leyes vigentes, estos antecedentes deben mantenerse en secreto.
Precisamente, uno de los involucrados, Gonzalo Migueles, pareja de la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, solicitó al fiscal Valencia, que no se entregaran las conversaciones.
De todas maneras, el fiscal Valencia sostuvo que mantienen el “mayor ánimo de colaboración interinstitucional para el esclarecimiento de los hechos por parte de la Comisión de Ética de la Corte Suprema, conforme a las facultades del Ministerio Público”.
