"El Gobierno en esto ha sido especialmente cuidadoso, porque el INDH es una institución autónoma del Estado", señaló el ministro Luis Cordero por la solicitud para remover a la directora del organismo, Consuelo Contreras. De acuerdo al titular de Justicia, ahora corresponde a los diputados que presentaron este requerimiento argumentar ante la Corte Suprema.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la solicitud de la Cámara para remover a Consuelo Contreras y Francisco Ugás del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Las bancadas de Chile Vamos levantaron esta iniciativa por considerar “arbitraria” una querella del INDH por presunto tráfico de influencias en el Poder Judicial.
Todo partió con la revelación de una serie de conversaciones entre el exmagistrado Juan Antonio Poblete y Mario Desbordes, en donde se revelaba un presunto lobby para que la jueza María Teresa Letelier llegara a la Corte Suprema.
Tras ello, el Instituto decidió querellarse, pero un recurso de reposición de Desbordes dejó esta acción judicial en nada.
En ese contexto, la UDI, RN y Evópoli invocaron la causal de “negligencia manifiesta e inexcusable”, incluida en la ley que regula al Instituto Nacional de Derechos Humanos, para pedir las salidas de Contreras y Ugás.
Esta solicitud se aprobó por 66 votos a favor, 51 en contras y 8 abstenciones, por lo que ahora la última palabra la tendrá la Corte Suprema.
Al respecto, el ministro Cordero señaló que “el Gobierno en esto ha sido especialmente cuidadoso, porque el INDH es una institución autónoma del Estado. (…) La solicitud presentada ante el pleno de la Corte Suprema es una discusión jurídica y corresponde a los diputados requirentes acreditar en qué consiste esa negligencia”.
“En pleno proceso de discusión ante la Corte, no me parece razonable pronunciarse sobre ese punto. Hay una mayoría de diputados que ha considerado los argumentos que están sostenidos en el requerimiento”, agregó tras ser consultado por la responsabilidad del INDH.
Eso sí, advirtió que “las alegaciones ante la Corte Suprema no son políticas, sino que jurídicas. Por lo tanto, corresponde a quienes han requerido ante la Corte acreditar cómo se cumple o se califica esa causal jurídica”.
