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La comisión de Seguridad del Senado, liderada por Iván Flores, citó de manera extraordinaria al ministro de Justicia, Luis Cordero, para abordar la problemática carcelaria en Chile, destacando recientes sucesos en la Cárcel de Alta Seguridad que llevaron a la destitución del jefe operativo y alcaide. El senador Flores justificó la convocatoria ante la sobrepoblación penitenciaria y la infiltración de mafias en las prisiones, instando a conocer las acciones gubernamentales al respecto. Cordero rechazó la adaptación de Punta Peuco y el incremento de reclusos alcanzó cifras récord en una década, con 58.935 presos al 31 de mayo, un 27% más que en 2014.
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La comisión de Seguridad del Senado, presidida por Iván Flores (DC), convocó en forma extraordinaria al ministro de Justicia, Luis Cordero, para abordar la situación carcelaria.
Lo anterior, tras conocerse los últimos hechos vinculados a los centros penitenciarios del país, especialmente en la Cárcel de Alta Seguridad, donde recientemente se anunció la remoción del jefe operativo y alcaide de esta cárcel.
Por eso, el senador Flores confirmó la convocatoria extraordinaria al titular de Justicia y Derechos Humanos, para profundizar en la materia. Igualmente, pidió la presencia del director de Gendarmería.
“No cabe duda que estamos en un punto de inflexión; sabemos que hay una población penal que excede las capacidades de nuestros centros penitenciarios y también estamos viendo cómo las mafias comienzan a tomarse algunos recintos”, dijo el parlamentario.
Agregando que “lo que ha ocurrido en la Cárcel de Alta Seguridad es más que una luz roja. Esperamos conocer qué línea de acción busca seguir el Gobierno para ver cómo nos coordinamos en este tema altamente sensible en materia de seguridad”.
Recordemos que durante la recién pasada jornada de martes, el ministro Cordero descartó el cierre y la transformación del Penal Punta Peuco.
Fue a través de un oficio que el secretario de Estado desestimó la reutilización de Punta Peuco para internas embarazadas o con hijos.
Finalmente, según las estadísticas de Gendarmería, al 31 de mayo de este año, la población era de 58.935 presos.
La cifra corresponde a la más alta en los 10 años analizados, exactamente un 27% más de personas recluidas en los establecimientos penitenciarios del país, respecto de 2014.
