El ministro de Justicia, Luis Cordero, insistió en sus críticas al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), por la querella en contra de Mario Desbordes y María Teresa Letelier, por supuesto tráfico de influencias.
Así lo señaló este jueves el secretario de Estado desde Estocolmo, donde participa de la gira presidencial por Europa.
Recordemos que Cordero aseguró que la querella del INDH le parecía “precipitada”, lo que fue refutado por la directora del organismo, Consuelo Contreras.
Al respecto, el ministro de Justicia aseguró que “en general en Chile los querellantes institucionales son extremadamente distorsionadores del sistema institucional”.
“La investigación en el sistema de enjuiciamiento criminal debe estar prevalentemente en el Ministerio Público. De hecho, es el que tiene el monopolio de la investigación. Por lo tanto, los querellantes institucionales producen distorsiones en el sistema institucional, por eso la ley autoriza excepcionalmente querellantes institucionales”, explicó.
“Es cierto que el Instituto de Derechos Humanos tiene competencia para querella, pero no para cualquier acción. La ley sí es expresa que en el caso de los delitos funcionarios, el legitimado es el Consejo de Defensa del Estado. La discusión es técnica, la discusión no es política, en mi opinión, porque de lo contrario podríamos generar algunas distorsiones”, añadió el ministro Codero.
En ese sentido, el titular de Justicia enfatizó que “este es un caso que se está investigando, el comunicado del Ministerio Público del día lunes fue bastante claro, y mi declaración ayer de que es una acción precipitada es que yo creo que todavía no tenemos información adecuada para discriminar si es un caso de aquellos que está facultado el Instituto de Derechos Humanos, o es derechamente un caso de delito funcionarios”, sentenció.
Consultado respecto a los dichos de la directora del INDH, Consuelo Contreras, respecto a que el tráfico de influencia sí afecta a los derechos humanos, Cordero calificó sus dichos como una “interpretación extensiva irracional”.
“El tráfico de influencias es un delito funcional, yo no voy a entrar en una discusión jurídica con la directora, lo que sí le quiero decir que si esa es la tesis del Instituto, entonces el Instituto debiera querellarse en todos los delitos funcionarios”, apuntó.
“Eso es una interpretación extensiva que es irracional en un sistema que limita las competencias de los querellantes institucionales”, fustigó el secretario de Estado.
Por último, insistió en que “es relevante tener presente que este es un asunto que está siendo objeto de investigación por parte del Ministerio Público y lo sensato de todos quienes participan del debate público que tienen además roles públicos, es ver los avances de su investigación”.
“El ejercicio que en Chile tenemos de querellas que además se utilizan para quienes resulten responsables, creo que no necesariamente benefician al sistema, yo creo que en muchísimas ocasiones más bien lo perjudica”, concluyó.
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