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La diputada PPD, Carolina Marzán, presentó la iniciativa "Ley Alberto", en honor a Mauro Alberto Gómez, un joven de 14 años fallecido tras ser atropellado por un conductor que dio positivo en examen de drogas. La ley propone que las empresas de transporte realicen controles de detección de consumo de drogas cada 6 meses con costo para ellas, buscando garantizar la seguridad en los traslados de estudiantes y personas en la región. Marzán enfatizó la importancia de condiciones dignas para los choferes, mientras que la madre de Mauro Alberto, Jennifer Estay, pidió una educación segura y de calidad.

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La diputada PPD, Carolina Marzán, presentó una iniciativa que exige a las empresas de transporte público y privado realizar cada 6 meses un control de detección de consumo de drogas con costo para la empresa, denominada “Ley Alberto”.

Lo anterior, en homenaje a Mauro Alberto Gómez, un joven de 14 años que perdió la vida tras ser atropellado por conductor de locomoción colectiva que dio positivo en examen de cocaína.

La diputada Carolina Marzán, acompañada de los padres de Mauro Alberto Gómez, del ministro de Educación, Nicolás Cataldo; de la Asociación de Centros Generales de Padres Madres y Apoderados de la Educación Pública de Valparaíso; y el Centro de Estudiantes del Liceo Eduardo de La Barra, presentó la “Ley Alberto”, que fue nombrada así a petición de su madre.

“La comuna de Valparaíso y nuestra región de Valparaíso vivió un suceso que es profundamente doloroso. Son aquellas situaciones que nosotros no quisiéramos que nunca salieran en la prensa”, recordó la parlamentaria.

“Un niño, porque Alberto era un niño de tan solo 14 años, murió atropellado por una micro a exceso de velocidad, y que además el chofer estaba bajo los efectos de alcohol, droga y otros estupefacientes, según se nos informa”, añadió.

“Vamos a exigir que exista seguridad en los traslados de los estudiantes, y de cada persona que hoy día se moviliza por nuestra región y nuestro país”, afirmó la diputada Marzán.

La parlamentaria agregó que “también necesitamos que existan condiciones dignas por parte de los empresarios, para cada chofer de la locomoción que hoy día no tiene espacios dignos para descansar”.

“Son fuertemente presionados también por temas económicos de las empresas, no tienen baños y no tienen también un espacio laboral digno. Lo que no justifica bajo ningún punto lo que sucedió ayer con este chofer irresponsable que hoy día no solamente ha dañado a una familia, sino que a toda una comunidad escolar, a toda una provincia, una región y un país”, enfatizó Marzán.

“Esperemos que el Gobierno se haga parte de este proyecto de ley que va a perfeccionarse, que se va a discutir, ya que esperamos que nunca más tengamos que lamentar hechos tan dolorosos como los vividos con Alberto”, recalcó Carolina Marzán.

Por su parte, Jennifer Estay, mamá de Mauro Alberto, junto con agradecer el respaldo, recordó que “los estudiantes llevan mucho tiempo exigiendo una educación digna y de calidad, y parte de esa educación digna es llevar a nuestros estudiantes en forma segura a sus diferentes colegios y en forma segura a sus casas”.

“No son solo estudiantes los que van en las micro en las mañanas, también son trabajadores. Esto es por todas esas personas, porque no quiero que haya más Albertos. Por eso levanto la voz por mi hijo”, subrayó.

Asimismo, la vocera de la Asociación de Centros Generales de Padres Madres y Apoderados de la Educación Pública de Valparaíso, Lenka Montenegro, señaló que “la verdad es que nuestras comunidades están dolidas, porque las madres, padres y apoderados, cuidadores, no tenemos certeza de cómo llegan nuestros hijos a destino, tanto ida y vuelta cuando van a estudiar”.

“Por eso, que pedimos el apoyo de la diputada, y hoy día vemos con un hálito de esperanza el que se pueda regular esto, y nuestros hijos puedan llegar a destino, y eso también es educación digna”, insistió.

Cabe señalar que la iniciativa establece que se deberá realizar un registro en que conste la realización del examen. Dicho registro deberá ser informado a la autoridad competente.

En cuanto al incumplimiento de esta obligación, será causal de aplicación de multas y, en caso de reincidencia, de término de la autorización asociada al servicio de transporte de pasajeros.