Una de las aristas de investigación contra Daniel Jadue salpica a UdeC: guarda relación con Interferón

Una de las aristas de la formalización del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, salpican también a la Universidad de Concepción (UdeC), entidad que firmó un cuestionado convenio para producir Interferón, existiendo incluso un duro informe de Contraloría al respecto.

En la zona, parlamentarios e investigadores del tema apuntan a que se está demostrando la tesis de una utilización política del convenio entre Jadue y la casa de estudios.

Los conocedores del caso Inteferón, anticipan que este escándalo de la arista Achifarp será sin duda parte de los antecedentes de la formalización del alcalde de Recoleta.

En junio del 2020, Daniel Jadue firmó un convenio con el rector de la UdeC, Carlos Saavedra, para producir en primera instancia el medicamento de manera experimental y, posteriormente, 180 mil dosis a repartir entre la comunidad.

Sin embargo, el Interferón alfa 2b nunca tuvo autorización del Instituto de Salud Pública, y la producción comprometida por la Facultad de Ciencias Biológicas de la casa de estudios no se entregó, recuerda Jorge Condeza, exconcejal por Concepción, que ha investigado el tema desde sus orígenes.

Marlen Perez, diputada independiente, señaló que el prestigio de la Universidad de Concepción se vio comprometido por esta alianza que sólo tuvo fines políticos y que quedó demostrado en sucesivos informes de Contraloría.

En el informe final de Contraloría respecto de Achifarp y el convenio del Interferón, se indica que el municipio de Recoleta traspasó 240 millones de pesos a la Asociación y otros $10 millones el municipio de Macul.

Sin embargo, sólo se trasfirieron $25 millones a la Universidad de Concepción, y el dinero restante no estaba en la cuenta al momento de ser revisada, precisa Jorge Condeza, a juicio de quien es claro el desorden contable y financiero de la organización que lideraba Jadue.

A fines del 2022, la Universidad de Concepción sancionó a un académico con una censura por escrito y absolvió a otros dos investigadores, luego que el Instituto de Salud Pública multara a la casa de estudios por haber liberado y distribuido un producto que no contaba con registro sanitario ni aprobación de uso provisional para ensayos clínicos.