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La Organización de Naciones Unida publicó su informe respecto del cumplimiento de compromisos de Chile en materia de derechos humanos, encontrando falencias en reparación a víctimas de la dictadura, del estallido social y personas LGBTQ+.
La Organización de Naciones Unidas (ONU), a través del Comité de Derechos Humanos realizó una serie de recomendaciones y críticas a Chile, entre ellas al extenso estado de excepción en la Macrozona Sur.
Dicha medida de control territorial en manos del Ejército, rige hace casi dos años y medios, y se aplica en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la Región del Bío Bío, así como en toda la región de La Araucanía.
Al respecto, la ONU, en su séptimo informe periódico a Chile se refiere a la aplicación de la legislación antiterrorista en Chile contra miembros del pueblo mapuche, algo que el comité lamenta.
Además, sitúa dicha legislación “en un contexto de discriminación histórica y bajo un estado de excepción constitucional en las regiones de La Araucanía y Bío Bío que agrava su situación”.
La Ley 18.314 que regula la lucha contra el terrorismo usa una definición de estos crímenes “demasiado amplia, lo que puede dar lugar a arbitrariedades”, asegura el órgano de la ONU, encargado de velar por el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos del que Chile es Estado parte desde 1972.
ONU pide derogar amnistía aprobada en la era de Pinochet
En el mismos informe, las Naciones Unidas pidió a Chile que derogue el Decreto Ley 2.191, que en 1978 amnistió gran parte de las violaciones cometidas durante la dictadura de Augusto Pinochet, y además expresó su preocupación por la demora en muchos procesos relacionados con esa época.
En su séptimo informe periódico a Chile, el comité de la ONU también pide al Estado reformas en el artículo 103 del Código Penal, que acorta a la mitad los periodos de prescripción en ciertos delitos considerados crímenes de lesa humanidad o violaciones de los derechos humanos.
En este apartado, el comité, formado por 18 expertos en derechos humanos y presidido por la paraguaya Tania María Abdo, da la bienvenida a la reciente creación del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia relativo a las víctimas de desaparición forzada durante la dictadura.
Sin embargo, muestra inquietud por el considerable número de casos de graves violaciones de derechos humanos sin sentencia, incluidos actos de tortura, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias.
Dados los años transcurridos y la avanzada edad de víctimas y verdugos, “se pone en peligro el derecho a la justicia y la reparación de las víctimas y sus descendientes, y se posibilita la impunidad de los perpetradores”, destacó el informe publicado este jueves y presentado en rueda de prensa por el comité.
Entre otros aspectos, el informe de la ONU expresa preocupación por el aumento de casos de discriminación, intimidación y violencia contra las personas LGBTQ+ en Chile, con “altas tasas de suicido” en el colectivo, así como la impunidad en los delitos de odio contra estas personas.
En materia de aborto, el comité nota con preocupación que el incesto no esté expresamente contemplado en las tres causales por las que puede solicitarse la interrupción del embarazo en el país. Critica también la prohibición de publicidad sobre prácticas abortivas, entre otros obstáculos para ejercer este derecho.
En su repaso al estallido social de 2019 y 2020, el Comité lamentó que sólo una pequeña parte de los acusados por delitos de tortura durante esos hechos hayan sido procesados, siendo muchos menos los condenados.
También, la ONU expresa preocupación por la nueva legislación para fortalecer el ejercicio de la labor policial y de gendarmería en Chile, conocida como Ley Nain-Retamal, que según los expertos de Naciones Unidas podría dar “un tratamiento privilegiado a los agentes estatales”.
