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Un verdadero terremoto judicial y político se ha registrado al interior de la Policía de Investigaciones, luego de que la Fiscalía Oriente ordenara allanar y formalizar al Director General de la PDI por delitos en el marco del caso audio.
Durante la mañana de este viernes, personal de la Unidad Patrimonial y de Corrupción del OS7 de Carabineros llevó a cabo allanamientos simultáneos en el domicilio y en la oficina de Sergio Muñoz Yáñez, Director General de la PDI.
Las órdenes fueron solicitadas el jueves por la Fiscalía Oriente, y se enmarcan en la investigación del caso audio, uno de los mayores escándalos políticos de los últimos años.
Esta indagatoria se inició tras el peritaje al celular de Luis Hermosilla, desde el cual se obtuvo información que da cuenta de delitos que involucran directamente al Director General de la PDI.
¿Qué es el caso audio y quién es Luis Hermosilla?
Vale recordar que a mediados de noviembre del 2023, el fiscal nacional Ángel Valencia confirmó la apertura de una investigación de oficio contra el abogado Luis Hermosilla.
Hermosilla es un destacado abogado y que fue denunciado por hablar del pago de coimas a funcionarios del SII y el CMF.
En concreto, el caso se destapó cuando salió a la luz un audio revelado por Ciper, donde se escucha al mencionado jurista, junto al empresario Daniel Sauer y la abogada Leonarda Villalobos.
En la grabación se habla de estos pagos para obtener información privilegiada y favores que beneficien al empresario.
“De este hueón dependemos. Aquí es donde podemos meter manos y así se arreglan estas huevás”, manifestó Hermosilla en la grabación.
Formalización
Fiscalía ya solicitó fecha y hora para formalizar a Sergio Muñoz.
Lo anterior por el delito de Infracción artículo 31 de la Ley 19.913 e Infracción artículo 246 del Código Penal.
La audiencia se realizará el próximo martes 19 y los detalles de esta deberán confirmarse durante las próximas horas.
¿Qué significa la infracción al artículo 31 y al artículo 246?
En simple, ambas disposiciones legales castigan a quienes entreguen o difundan antecedentes secretos.
La primera sanciona a los funcionarios que hubieren participado en la investigación y a todo aquel que, de cualquier modo, informe, difunda o divulgue información relativa a una indagatoria por lavado de activos.
La segunda, en tanto, penaliza al empleado público que revelare los secretos de que tenga conocimiento por razón de su oficio o entregare indebidamente papeles o copia de papeles que tenga a su cargo y no deban ser publicados.
“Si de la revelación o entrega resultare grave daño para la causa pública, las penas serán reclusión mayor en cualquiera de sus grados y multa de veintiuno a treinta unidades tributarias mensuales”, establece la ley.
Reacciones por el Director General de la PDI
Mientras tanto, desde la Policía de Investigaciones se refirieron al operativo.
“La institución y el Director General, respeta y acata el Estado de Derecho, por lo que cooperará con la indagación con la finalidad que se esclarezcan judicialmente los hechos”, señalaron.
“Como institución permanente del Estado de Chile, reafirmamos nuestro compromiso con la seguridad pública y el país”, agregaron.
