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Junto con suspender la compra de los lujosos automóviles, desde el principal tribunal del país, aseguraron que no son ajenos a la contingencia y al contexto "de los acontecimientos que preocupan al país".
El Poder Judicial decidió suspender la compra de los vehículos marca Lexus, tras la controversia y las críticas que generó.
Se trata de automóviles de alta gama que iban a ser utilizados para renovar la flota de automóviles para los ministros de la Corte Suprema y el fiscal judicial, y reemplazar a los actuales Toyota Camry.
Destacar que el Lexus ES300h tiene un precio de lista que supera largamente los $50 millones de pesos, según el valor de mercado actual.
A través de un comunicado público, la Corte Suprema confirmó la información y aseguró primero que “el Poder Judicial es autónomo en la ejecución de su presupuesto, en el ámbito administrativo y de gestión” y que la Corte Suprema “toma sus decisiones en lo relativo a la adquisición de bienes y servicios, ponderando y analizando en su mérito los antecedentes de que se dispone al momento de adoptarlas”.
Dicho lo anterior, aseguraron que “se decidió dejar sin efecto el acuerdo adoptado para la compra de veintidós automóviles Toyota Lexus modelo ES300H, que se tomó por la mayoría de los miembros que concurrieron a esa decisión”.
Recordemos que la compra de los vehículos levantó duras críticas por parte del gremio de los funcionarios del Poder Judicial.
“Nos parece poco oportuno que se gasten más de mil doscientos millones de pesos en 22 autos, hecho que es contrario al carácter austero de la judicatura”, indicó la Asociación de Funcionarias y Funcionarios Judiciales (OTJ) en una declaración pública.
“Es por ello que esta Asociación rechaza esta adquisición y viene en recordar que los servidores públicos deben extremar el cuidado de los recursos destinados para cumplir los fines institucionales, cuidando en todo momento de no dilapidar los fondos destinados a la administración de Justicia”, sentencian.
La resolución de la Corte Suprema se da justamente después de una serie de críticas, tanto públicas como la expresada por los funcionarios judiciales e incluso de ministros de Estado, como privadas.
Frente a esto, desde el principal tribunal del país, aseguraron que no son ajenos a la contingencia y al contexto “de los acontecimientos que preocupan al país”.
“La decisión de renovar los vehículos institucionales asignados a la Corte Suprema en el año 2014, se funda en antecedentes técnicos y de seguridad, prefiriéndose estándares de sustentabilidad ambiental. Son esas y no otras consideraciones las que se tuvieron a la vista para, adoptar en su momento, la aprobación de la renovación de los vehículos“, asegura el comunicado leído por el secretario de la corte Suprema Jorge Sáez.
