Organizaciones educativas denuncian en Contraloría "pagos indebidos" por garantías estatales del CAE

El líder las organizaciones Deuda Educativa y Defensa Educación, Juan Pablo Rojas; junto al abogado y dirigente de Deudas Universitarias, Adolfo Barrientos, denunciaron ante la Contraloría General de la República (CGR) pagos indebidos por garantías estatales del Crédito con Aval del Estado (CAE), los que podrían implicar un millonario detrimento de recursos fiscales.

Previo a ingresar la denuncia, Rojas declaró que “junto con saludar y agradecer al señor Ricardo Lagos, artífice del Crédito con Aval del Estado, el que se haya retirado de la vida pública y política; aprovechamos de recordarle que él creó un sistema a través del cual hoy día los banco están sacando dinero todos los días de arcas fiscales, de plata de todos los chilenos, a través del CAE”.

Con esta denuncia, de acuerdo a Rojas, “estamos solicitando a la Contraloría General de la República (CGR) que abra una investigación que podría recoger antecedentes de lo que nosotros denunciamos como una eventualidad de fraude al Fisco”.

Según explicó, “los bancos están cobrando a la Tesorería General de la República (TGR) montos millonarios de Créditos con Aval del Estado (CAE) que no se han pagado y con irregularidades que atentan en contra de la ley”.

“Por tanto, queremos saber cuánta plata es lo que se le ha pagado a los bancos, que no corresponde, con plata de todos los chilenos. Cuáles son los bancos que se han beneficiado con estos pagos indebidos, que son multimillonarios y que podrían, lo vuelvo a señalar, eventualmente ser un fraude al fisco. Y a los que la TGR y el ministro de Hacienda no han puesto atajo, y mucho menos el Presidente de la República, Gabriel Boric, quien todavía no sabe cómo realizar una condonación del CAE y, claramente, no puede realizarla si los bancos le están robando plata a todos los chilenos y no se la ha puesto punto. O sea, no hay plata porque nos están robando” sostuvo.

“Esperamos que se realice lo que dice la ley: un funcionario público que está en conocimiento de una eventualidad de un delito tiene un plazo para poder denunciar esto”, agregó el vocero de la agrupación que reúne a deudores del CAE.

Sobre esto último, dijo que “lamentablemente hay funcionarios públicos que saben esto. Por ejemplo, Víctor Orellana, subsecretario de Educación Superior, conoce este tema. De hecho, lo esperé harto rato para poder presentar este tema con él. Lo mismo la diputada Camila Rojas Valderrama, que fue presidenta de la Comisión de Educación y que también sabe sobre esto porque con Adolfo (Barrientos) se lo hemos señalado un montón de veces. Y, por supuesto, el Presidente Gabriel Boric, que también lo tiene muy claro”.

“Nosotros esperamos que se le dé celeridad a esta solicitud de investigación, que también se recurra a la justicia y se querellen en contra de quienes tienen que hacerlo”, sostuvo Juan Pablo Rojas.

Denuncia presunto fraude al Fisco

Por su parte, Adolfo Barrientos, abogado y dirigente de Deudas Universitarias, detalló que “esto ya lleva tres años aproximadamente en que los bancos presentan demandas, cobran la garantía y se desisten después. Y al desistir no cumplen todos los requisitos de la ley 20.027 como requisitos esenciales de pago a la garantía. O sea, si desisten de la demanda, los bancos tienen que devolver obligadamente la plata porque no se cumplen esos requisitos y, eventualmente, ese es un fraude al Fisco”.

Asimismo, explicó que con la acción presentada esperan “que Contraloría investigue este presunto fraude al Fisco y tome las medidas necesarias para que los bancos hagan la devolución de los dineros mal habidos desde las arcas fiscales”.

“Y que se investigue todo esto de los bancos que han desistido de la demanda. Que se investigue, plenamente, también a funcionarios de Tesorería que han dado visto bueno a estas irregularidades para el pago de la garantía estatal”, concluyó.

Finalmente, cabe señalar que además de la denuncia y solicitud de auditoría ante la CGR, también se notificó de la acción al Ministerio de Hacienda y la propia Tesorería General de la República.

Origen de la denuncia

Según detallan los denunciantes, en el 1.º Juzgado de Letras de Rengo se registra uno de los antecedentes más relevantes en el marco de esta denuncia y que evidencia que existe conocimiento de esta situación en la Tesorería General de la República.

Dicho tribunal, el 12 de noviembre de 2021, resolvió acoger una solicitud de nulidad del pago de la garantía estatal y ordenó oficiar a la TGR “a fin de que tome conocimiento de lo resuelto precedentemente, además del desistimiento de la demanda”.

Por su parte, la TGR estaría en conocimiento de este tipo de situaciones. De acuerdo a lo que constata un certificado solicitado por el demandante en este caso, a fecha de diciembre de 2023, “no registra deuda” señala el documento emitido por la Tesorería.