Caso Convenios: Fiscalía investiga omisión de denuncia por tratos entre Minvu y Democracia Viva

La Fiscalía de Antofagasta informó una serie de cambios en la investigación por el Caso Convenios, detallando que se ha abierto una indagatoria por el delito de omisión de denuncia contemplado en el artículo 175 del Código Penal, por los convenios entre el Minvu y Democracia Viva.

De acuerdo al artículo 175 del Código Procesal Penal, están obligados a denunciar todos los funcionarios públicos, y las personas que trabajan en el ámbito de la salud y la educación, tanto pública como privada.

Esto significa que todos quienes supieron de los tratos directos entre el Minvu y Democracia Viva, y no denunciaron, podrían ser imputados en la causa.

El fiscal adjunto a cargo de la investigación por el caso Convenios en Antofagasta, Cristian Aguilar Araneda, determinó también separar a Democracia Viva de otras fundaciones involucradas en la indagatoria.

En ocho causas fue dividida la gran investigación que lleva el Ministerio Público en la región de Antofagasta por el denominado caso Fundaciones, individualizando casos como el de la Fundación Democracia Viva y el de la Fundación Procultura.

Según información recibida por Radio Bío Bío, el Ministerio Público investigará por si sola a la fundación vinculada al ex Revolución Democrática, Daniel Andrade, por delitos de fraude al físico, cohecho, tráfico de influencia, negociación incompatible, malversación de caudales públicos.

Eso significa que se separa de la causa original a fundaciones como Procultura, investigada por diferentes situaciones. Una de ellas es que Contraloría detectó una serie de irregularidades en el traspaso por $260 millones desde el Gore de Ñuble a la fundación.

Además, el fiscal determinó que se termina el secreto en la investigación respecto al lavado de activos que recaía en la indagatoria de Democracia Viva.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes,se refirió esta mañana a otra de las personas que podrían ser indagadas en el caso, Verónica Serrano, tía de Miguel Crispi, y que habría mandado un correo apurando la firma de convenios para asegurar la ejecución presupuestaria.