La Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) contempla distintas medidas en función pública, recursos públicos, transparencia, política y sector privado.

Este lunes el Gobierno presentó la Estrategia Nacional de Integridad Pública (ENIP) como parte de una política pública con enfoque es mejorar los estándares de transparencia, integridad y lucha contra la corrupción.

Lo anterior, como una iniciativa comprometida en la pasada Cuenta Pública de 2022 y que contempla los lineamientos compartidos por la Comisión Engel, la OCDE y la Contraloría General de la República.

Dicha estrategia de carácter nacional cuenta con un total de 210 medidas que tienen la finalidad de mejorar los estándares de anticorrupción, integridad y transparencia.

Función pública

En el documento se consideran 70 medidas para la función pública como presentar un PDL de prevención de conflictos de intereses, lo que fue anunciado en la Cuenta Pública 2023.

Entre las medidas se cuentan nuevas inhabilidades post-empleo que regulen el tránsito del mundo privado al público y viceversa. Incluye el establecimiento de sanciones.

Además, la restricción en la contratación de parientes en altas autoridades y la inhabilidad de 10 años para ejercer cargos públicos o de elección popular a quienes cometieron delitos de corrupción.

En cuanto al PDL de Integridad Municipal, que ya está siendo tramitado con urgencia en la Cámara, se agrupan medidas legislativas como un mayor control a las corporaciones municipales en el sistema de gestión.

Además, en control de las corporaciones municipales, cada municipio (recomendada por Comisión Jaraquemada), deber de auditoría externa en caso de recibir aportes públicos sobre los 10 mil UTM anuales.

Además, impedir que alcaldes/as nombren a hijos, padres, cónyuges, convivientes civiles o parientes (ya sea respecto del alcalde o concejales) en cargos de exclusiva confianza.

Recursos públicos

Entre las 40 medidas destaca la ley de compras públicas, recientemente promulgada. Además, agrupa medidas legislativas, como un sistema de detección de conflictos de intereses y monitoreo de tratos directos.

Igualmente, presentar un PDL General de Transferencias que regule de forma permanente las transferencias estatales a instituciones privadas sin fines de lucro (IPSFL) y consolide lo incorporado en el Presupuesto 2024.

Transparencia

Respecto al ítem de transparencia, que contempla 30 medidas, destaca la apertura de datos del Estado: medidas administrativas, legislativas y de gestión.

A lo anterior se suma el desarrollar un portal único de cuentas públicas de las instituciones del Estado y un portal donde responder solicitudes de la ciudadanía.

Política

Entre las 22 medidas adoptadas, se busca impulsar un PDL de Ficha Limpia de candidatos y de autoridades de partidos políticos. La medida impide que personas condenadas por ciertos delitos de corrupción puedan presentarse a cargos de elección popular o ocupar puestos de dirigencia en partidos.

Además, se agregan mejoras a la regulación de gasto electoral y otros temas de campañas políticas. Entre otras medidas se busca reducir los topes de gasto electoral y los límites de aportes por persona en campañas.

Además, limitar la contratación de personal en un municipio durante el período electoral y se busca la obligación de establecer tarifas de publicidad en redes y portales web.

Sector privado

Finalmente, en cuanto al sector privado, se establece la creación de un Registro Nacional de Beneficiarios Finales de Personas Jurídicas, que busca facilitar el combate a la evasión fiscal y crimen organizado.

Además, contra el lavado de activos, financiamiento del terrorismo, atentados contra la libre competencia y, en general, los conflictos de intereses.