Esta mañana inicia la recta final de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que se vota este mismo miércoles con el foco puesto en el capítulo seis del libelo acusatorio, sobre licitaciones hechas por Junaeb. En el oficialismo, no dudan en apuntar a una trama de intereses comerciales y empresariales. Por su lado, desde la oposición aseguran que esta jornada mostrarán pruebas de mal uso de recursos públicos.

A dos días de la votación en Sala, el capítulo seis de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, referente a las licitaciones de colaciones se roba toda la atención.

El exdirector de Junaeb, Cristóbal Acevedo -primero en la comisión revisora y luego a través de una carta- aseguró que existía un contrato de 3 mil 500 millones de pesos para el que sólo se entregaron 30 colaciones.

Lo anterior continúa sin comprobarse. La tesis de Acevedo tiene un solo un antecedente real hasta el momento: Que Junaeb decidió cambiar el criterio de pago de las licitaciones, pasando de un 40% de pago fijo a las empresas, a un 60%.

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Según documentos a los que tuvo acceso La Radio, aumentar el monto del pago fijo a las empresas es la forma que encontró Junaeb para no tener que hacer sobrepagos por ración licitada y ayudar a mantener el flujo de caja de las empresas.

Esta es parte de la argumentación del Servicio: habían al menos cinco empresas que cobraban entre 5 mil y 7 mil pesos por ración, en contratos celebrados en el último mes de la administración de Sebastián Piñera, y esto es lo que este gobierno quería evitar. Hoy cuesta mil 93 pesos.

Veamos quién es quién. Delibest es una empresa internacional de alimentos con intereses en Chile. Dentro del consorcio de Delibest, se encuentran al menos cinco multirut, de los cuales tres se adjudicaron un contrato por casi 700 mil millones de pesos y el 80% de la licitación total de febrero del 2022.

AC contra ministro Ávila: oficialismo acusa intereses empresariales y oposición asegura un mal uso de fondos públicos

El diputado oficialista e integrante de la comisión revisora, Tomás Hirsch, dijo que los cuestionamientos a Junaeb en la AC contra el ministro Ávila parece ser un interés comercial que se debe resolver en tribunales civiles.

Hirsch se refiere en su crítica a los abogados Carlos Gajardo -que fue jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad Oriente- y Juan Francisco Varela, que fueron invitados por Chile Vamos a la comisión y que, este mismo año, representaron a Merkén Spa.

¿De qué consorcio forma parte esta empresa? de Delibest, y de hecho, Gajardo y Varela representaron a Merkén en una reclamación judicial porque Junaeb ya no permite la llamada ‘Unión Temporal de Empresas’. Parte del problema es la interpretación de contratos.

Pese a todos estos antecedentes, la oposición sigue firme en que hay datos reales de un mal uso de fondos públicos y que Junaeb -y por tanto el ministro- son los reales responsables.

De hecho, el diputado Diego Schalper (RN) comprometió que hoy entregarán información del caso y que al terminar el juicio político llevará esto a Contraloría y a la justicia.

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Pese a que el presidente de la comisión revisora, el diputado independiente-PPD Héctor Ulloa ha tratado de mantener un perfil ecuánime, al ser consultado por La Radio aseguró que existen posibilidades de que hayan intereses empresariales impulsando el capítulo, con intereses monopólicos.

Por su parte, la diputada exPDG y ex republicana, Gloria Naveillán, dijo que “no le ve por donde” habría un interés empresarial porque, al aumentar el monto fijo del dinero recibido de un 40% al 60%, las empresas se están beneficiando.

Pero ¿quién es Cristóbal Acevedo? que, recordemos, como invitado a la acusación constitucional instaló una bomba en medio de este juicio político.

Acevedo fue director de Junaeb entre 2015 y 2017, pasó a formar parte del directorio de Coval, empresa de servicios financieros que trabajó con la empresa de alimentos Savisa, compañía que a su vez es parte del Programa de Alimentación Escolar.

Esta última, demandó a la Junta Nacional ante el Tribunal de Contratación Pública, por los resultados de la licitación 2023-2025, por un supuesto incumplimiento de las bases.