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El mismo día que fue nombrado como nuevo subsecretario de Previsión Social, se conoció que Claudio Reyes, quien reemplazará a Christian Larraín en el cargo, tiene una querella por prevaricación administrativa del año pasado.
El nuevo subsecretario de Previsión Social, Claudio Reyes Barrientos (PPD), fue nombrado este viernes por el presidente Gabriel Boric, luego de la polémica salida de Christian Larraín. Sin embargo, el nuevo fichaje de La Moneda tendría problemas judiciales a propósito de una querella por prevaricación administrativa.
Reyes Barrientos es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica de Chile y cuenta con experiencia en el servicio público.
Además, fue superintendente de Seguridad Social entre los años 2014 y 2020. También se desempeñó como subsecretario de Previsión Social entre 2009 y 2010, durante la primera administración de la expresidenta Michelle Bachelet.
A la fecha, Reyes cumplía funciones como Coordinador de Modernización del Estado en el Ministerio de Hacienda.
Claudio Reyes, nuevo subsecretario de Previsión Social
Luego de su nombramiento, La Segunda reveló que Reyes tiene una querella por prevaricación administrativa presentada el 17 de octubre del 2022, por el abogado administrativo Miguel Cea en contra de los que resulten responsables.
Esta causa, la cual investiga el fiscal de Alta Complejidad Paulo Ramírez, de la Fiscalía Centro Norte, señala que, en enero de 2019, Reyes siendo superintendente firmó un oficio que cambió el criterio para distribuir las multas que se cobran a los empleadores por pago atrasado de cotizaciones, lo que habría perjudicado a los beneficiarios de la Ley Sanna dictada en 2017.
Cabe mencionar que esta última creó un fondo para pagar las licencias a las madres o padres de hijos con enfermedades terminales, cáncer o trasplantados.
“Antes del oficio, el 50% de los dineros de las multas iba al fondo de la Ley Sanna y el otro 50%, a las mutuales de seguridad que recaudan estas multas”, comenta el abogado querellante. Tras la modificación, “un 30% va para el fondo Sanna, aproximadamente, y un 70% para las mutuales”.
El abogado Cea detalla que la prevaricación administrativa ocurre “cuando un funcionario público, interpretando la norma de manera arbitraria, provoca una decisión injusta; eso fue lo que hizo, a mi juicio, el exsuperintendente”.
“Me parece grave que se perjudique a las madres que lucharon por obtener un beneficio para poder cuidar a sus hijos”, planteó Cea.
Además, las multas se aplican al empleador por cada trabajador con cotizaciones atrasadas y ascienden a 0,075 UF ($2.705) por cada uno.
En este contexto, Cea pedirá que se realice un peritaje que calcule cuánto dejó de percibir el fondo Sanna, en detrimento de los padres y madres de niños con enfermedades graves.
Finalmente, el fiscal Ramírez dictó una orden amplia de investigar a la PDI. Incluso, actualmente, se discute en el Congreso Nacional un proyecto de ley que vuelve al criterio original de reparto de las multas, es decir, 50 y 50. “Si se aprueba, la querella seguirá su curso para determinar las responsabilidades que correspondan”, apuntó el querellante.
