El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, abordó la situación de las más de 20 mil personas pendientes a notificar para iniciar el procedimiento de expulsión y, en ese contexto, aseguró que la nueva Ley de Migraciones y Extranjería es engorrosa, por lo que el proceso se hace más lento. En ese sentido, para abordar esa problemática, comentó en mayor detalle el proyecto del Gobierno que permite modificar las vías en que se notifica a las y los extranjeros infractores, además de la mesa de trabajado conformada por la Subsecretaría de Interior.

A raíz de los cuestionamientos por el gran número de notificaciones pendientes, el director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Thayer, se refirió a la expulsión de extranjeros infractores.

En ese contexto, el sociólogo comentó que durante el año pasado se han iniciado “más de 2.000 procedimientos de expulsión administrativa y más de 800, casi 900 ya resoluciones de expulsión”.

Agregando que “la nueva Ley de Migración estableció un procedimiento excesivamente engorroso para materializar las expulsiones” por lo que “hace muy lento el procedimiento”.

Gran número de personas sin notificar por Servicio Nacional de Migraciones

Respecto del gran número de personas que restan por notificar, y que ha sido objeto de críticas, Thayer comentó que durante el año 2022, como Gobierno, se presentó un proyecto que modifica la forma en que se notifica a las y los extranjeros infractores.

Esto permitiría a la Policía de Investigaciones (PDI) notificar “por carta certificada” a través de correo electrónico “del inicio del procedimiento y de la expulsión misma”, esto “para facilitar los procedimientos de expulsión” e “incrementar el volumen de expulsiones materializadas”.

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En paralelo, según comentó el director de Migraciones, desde la Subsecretaría de Interior se ha conformado una mesa para exclusivamente ubicar a las personas que tienen decretos de expulsión ya vigentes.

Finalmente, Thayer afirmó que en diez años “se cuentan poco más de 20.000 decretos de expulsión administrativa vigentes que no han sido materializados”.

Lo que se traduce en que “como Estado tenemos una deuda respecto de los procesos de expulsión y es una deuda que el Gobierno está tomándose muy en serio y está trabajando para saldarla definitivamente”.