La Ley Antinarco busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social. Una indicación en su trámite motivó que se requiriera su revisión por parte del Tribunal Constitucional previo a su promulgación, tras ser aprobada por el Congreso.
El pasado 14 de marzo el Senado aprobó y despachó a ley el proyecto llamado Ley Antinarco, el que fue oficiado al Tribunal Constitucional por parte de miembros de oposición, pero ¿por qué lo hicieron y de qué se trata la polémica normativa?
Vale consignar que la idea legislativa busca mejorar la persecución del narcotráfico y crimen organizado, regular el destino de los bienes incautados en estos delitos y fortalecer las instituciones de rehabilitación y reinserción social.
Una indicación específica respecto al consumo de cannabis, fue el gatillo que llevó a solicitar la revisión de la norma en el órgano constitucional.
¿Qué es y de qué trata la Ley Antinarco?
“Este proyecto se parece mucho al del combate al crimen organizado. Si se quiere combatir el narcotráfico, hay que impedir que estas organizaciones se enriquezcan”, explicó José Miguel Insulza, presidente de la Comisión de Seguridad Pública y de la Comisión Mixta respecto a la “Ley Antinarco”.
La normativa, que contó con 27 votos a favor, 14 en contra y 2 abstenciones en la Cámara Alta, presenta los siguientes puntos principales para combatir el narcotráfico:
1. La Ley Antinarco sanciona a quien administre sustancias ilícitas sin consentimiento. Al respecto, las penas van desde los 5 años y un día hasta los 15 años., si se usa violencia o intimidación para administrar u obligar el consumo.
2. Asimismo, castiga con 3 años a 10 años de cárcel, más multas de 80 a 400 UTM (entre 5 a 25 millones de pesos aproximadamente), a quien suministre a menores de 18 años productos que contengan solventes o gases inhalantes capaces de provocar daños a la salud o dependencia física o psíquica.
3. Por otro lado, si un delito relacionado a drogas se comete por intermedio de un menor de 18 años o personas exentas de responsabilidad, la pena se aumentará en un grado. Si se le entrega armas de fuego a menores para los mismos fines delictivos, la pena sube 2 grados.
4. Si existen bienes muebles e inmuebles incautados, el juez podrá destinar su uso a instituciones del Estado o privadas sin fines de lucro. Esto, siempre y cuando sirva como prevención del consumo indebido, el tratamiento y la rehabilitación de las personas afectadas por la drogadicción.
5. La Ley Antinarco, por otro lado, justifica el cultivo de cannabis para la atención de un tratamiento médico y su consumo, siempre y cuando no sea por combustión. Debe existir una receta hecha por un médico que indique el diagnóstico, tratamiento y duración.
En ese sentido, falsificar una receta para este fin, conlleva penas de 61 a 540 días de cárcel y aumentará en un grado en caso de comercialización de la droga o facilitación a un tercero.
¿Por qué la norma fue revisada por el Tribunal Constitucional?
En el 2018, la Ley Antinarco fue presentada ante el Congreso por los diputados Diego Schalper (RN) y Cristóbal Urruticoechea (Ex RN, ahora Republicanos). Ellos mismos fueron lo que ingresaron el proyecto aprobado al Tribunal Constitucional.
¿Por qué? Resulta que el punto que establece la legalidad del consumo de cannabis con fines medicinales no estaba en el proyecto original. La idea fue ingresada como indicación y fue aprobada por los parlamentarios.
De acuerdo a los personeros de oposición, la mencionada norma no respeta la idea fundamental del proyecto, tal como lo exige el artículo 69 de la Constitución.
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