Chile y Bolivia firmaron un acuerdo para crear el Equipo Conjunto de Investigación, que permitirá indagar y procesar penalmente a los implicados en casos de trata y tráfico de personas pertenecientes a organizaciones criminales internacionales.
Las fiscalías de Bolivia y Chile firmaron este viernes un acuerdo que crea el Equipo Conjunto de Investigación (ECI) para indagar y procesar penalmente a los implicados en casos de trata y tráfico de personas pertenecientes a organizaciones criminales internacionales.
La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos de Razón de Género en Bolivia, Daniela Cárdenas, señaló que el ECI tiene la finalidad de “coordinar acciones” entre las autoridades de ambos países, para indagar la trata de personas y los delitos “conexos”.
Asimismo, Cárdenas señaló que el trabajo conjunto implica también otorgar “protección y salvaguarda” a las víctimas y testigos de esos crímenes.
Equipo Conjunto de Investigación
El ECI en la parte boliviana estará dirigido por la fiscal Superior de la Fiscalía de Bolivia, Elizabeth Viveros, mientras que en Chile la principal responsable será la fiscal Adjunta y jefe de la unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos de la Fiscalía de Tarapacá, Paola Apablaza.
Según se indicó en la suscripción del acuerdo, la institución del ECI es el “primero de muchos” que se conformarán próximamente para afrontar el combate a la “criminalidad organizada internacional”.
A mediados de este año, el Gobierno boliviano presentó un plan contra la trata y tráfico de personas cuya implementación se efectuará hasta 2025.
Los pilares de esa acción se centran en la capacitación de funcionarios públicos, las campañas masivas de prevención, la entrega de equipos de investigación, además de acuerdos bilaterales con países vecinos.
Casos vinculados a la trata y tráfico de personas
Según los registros oficiales del país, entre 2015 y 2021 se reportaron 2.631 denuncias de casos vinculados a la trata y tráfico de personas, de las que un 67% de las víctimas corresponde a mujeres entre las edades de 11 a 20 años.
Por su parte, la Defensoría del Pueblo de Bolivia cuantificó entre enero y septiembre de este año unas 40 denuncias relacionadas a este tipo de delitos y que representan un 8,1% más que en 2021, cuando se registraron 37, si se toma en cuenta el mismo periodo.
La mayoría de esas denuncias se presentaron en los departamentos de La Paz y Cochabamba.
Esta institución de defensa de los derechos humanos advirtió que la cantidad de los casos que llegan a una sentencia condenatoria es “muy baja”.
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