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Desde el Gobierno desmintieron un supuesto veto y que se trataría de una "preocupación" que habría expresado la ministra de la Mujer, Antonia Orellana.
El abogado y postulante a la Fiscalía Nacional, Ángel Valencia, acusó una “cancelación” en su contra, por haber defendido a imputados por delitos sexuales.
Así lo señaló en un correo electrónico enviado al Colegio de Abogados de Chile, organismo al que pidió un pronunciamiento formal al respecto.
Recordemos que Valencia es conocido por haber liderado las defensas de mediáticos imputados, como Rafael Garay, Bruno Villalobos y el exjuez Luis Barría.
Este último fue acusado por el presunto delito de abuso sexual de una funcionaria del Juzgado de Garantía en Rancagua, donde se desempeñaba como magistrado.
Valencia, cabe destacar, ya tuvo un paso por el Ministerio Público de Chile; primero, como abogado asesor en la Fiscalía Regional de Aysén y, luego, como Fiscal adjunto en Valparaíso y Santiago.
Abogado Ángel Valencia acusa “cancelación” de candidatura a Fiscal Nacional
Al respecto, el abogado penalista criticó el supuesto veto de La Moneda, en particular, de la ministra de la Mujer y Equidad de Género, Antonia Orellana, por el caso de Barría.
“Desde la fecha en que fui incorporado a la cinquena o quina antes mencionada, he sufrido distintas descalificaciones, tanto públicas como anónimas, que apuntan a sostener que un abogado que ha ejercido libremente la profesión en materia penal sólo resulta digno de la designación como Fiscal Nacional en caso que no haya ejercido la defensa de determinadas causas”, asegura en el e-mail.
En esa línea, Valencia adjuntó publicaciones de prensa que contienen críticas del senador socialista Juan Luis Castro, y una declaración de la Red Chilena Contra la Violencia Hacia las Mujeres.
“Como podrá apreciar, no se me imputa un cumplimiento deficiente de mis deberes profesionales, ni la infracción de alguna regla ética de la orden”, afirma en el escrito publicado por La Tercera.
“Simplemente, se sostiene que la sola circunstancia de aceptar el encargo de defender a personas imputadas de ciertos delitos graves (especial pero no exclusivamente, aquellos atentatorios contra la libertad sexual de mujeres), inhabilitaría para su designación en el cargo a cualquier abogado que aspire a ser designado Fiscal Nacional”, acusa Ángel Valencia.
Asimismo, advierte “el desincentivo manifiesto que dicha ilegal e inconstitucional descalificación (o, derechamente, ‘cancelación’) para que otro abogado de ejercicio libre estime conveniente postular al cargo de Fiscal Nacional en el futuro”.
“Quienes han sostenido dicha incomprensible descalificación, afortunadamente, aún no sostienen que tal reproche debiese extenderse, también, a cualquier abogado o abogada que postule al cargo de Fiscal Regional del Ministerio Público, a cualquier señora Ministra o señor Ministro de Corte de Apelaciones que hubiese anulado una sentencia condenatoria en un delito de la misma naturaleza para aspirar a integrar la Exma. Corte Suprema, o cualquier otra circunstancia similar”, añade.
De todas maneras, Valencia pidió que este reclamo no se malentienda como un intento por evitar el “escrutinio profundo de su trayectoria profesional”.
“Por el contrario, conocer en detalle los antecedentes, trayectoria y competencias profesionales de quienes postulan a tan digno cargo no es guerra sucia, sino condición necesaria de un proceso de esta naturaleza en un Estado de Derecho democrático”, señala.
Por último, el abogado penalista solicitó un pronunciamiento al gremio, lo que podría suceder en los próximos días.
Gobierno desmintió “veto” contra los candidatos a Fiscal Nacional
Mientras, desde el Gobierno desmintieron un supuesto veto y que se trataría de una “preocupación” que habría expresado la ministra Orellana.
Esta última, de hecho, aseguró que no hay vetos y explicó cuál es la preocupación que han manifestado.
La titular de Justicia, Marcela Ríos, salió también a defender a su compañera de gabinete, descartando un veto.
“Para nosotros no es un obstáculo que una persona se haya dedicado al oficio de la defensa letrada en el sistema penal, en ningún caso”, apuntó.
“Otra cosa es que las organizaciones de mujeres y que luchan contra la violencia de género y la propia ministra, que tiene un mandato específico de preocuparse por esas materias, hayan manifestado una preocupación”, dijo Ríos.
“Pero eso no ha sido en ningún caso uno de los antecedentes que hemos considerado en este caso. E insisto: no existe ningún veto”, concluyó.
