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La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, aprobó en particular y despachó a Sala el proyecto que aumenta las penas para los delitos cometidos contra Carabineros, PDI o efectivos militares. La instancia aprobó dos nuevas indicaciones que también suspenden los beneficios carcelarios y la solicitud de penas sustitutivas.
La Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados y Diputados dio un paso hacia adelante en una iniciativa que para muchos parlamentarios -por lo menos desde cierto sector del oficialismo hacia la oposición- podría comenzar a dar soluciones en términos de la crisis de seguridad que se vive en el país.
Esto en el marco de la presentación del proyecto de ley que aumenta las penas para personas que agredan o finalmente terminen con la vida de un efectivo policial de Carabineros, de la PDI o militares.
Esta iniciativa se titula “Nain 2.0”, ya que es el segundo intento de una iniciativa de este carácter. Que además lleva el nombre del cabo segundo Eugenio Nain, que falleció el 30 de octubre de 2020, tras ser baleado en la carretera 5 Sur en el sector de la comuna Padre las Casas.
Modificaciones sustanciales
Este proyecto de ley fue aprobado en particular -en todo su articulado-, y fue despachado a la Sala de la Cámara Baja con modificaciones sustanciales.
El presidente de la Comisión, el diputado Raúl Leiva (PS), hizo una evaluación de lo que terminó siendo despachado a la Sala de la Corporación.
“Se limita el acceso a los beneficios de aquellas personas condenadas por delitos en contra de Carabineros, y también con la suspensión condicional de esas mismas penas”, detalló el parlamentario.
Agregando que fue “muy transversal y con muy buen resultado ya que se despachó este proyecto de ley, aprobando esos dos artículos y con una indicación que dice relación también con la suspensión condicional de la pena”.
Lo que hacen estas modificaciones es que además de aumentar los grados de pena en torno a estos hechos, generan una serie de condiciones para que no se pueda optar a beneficios penitenciarios.
Quien sin duda saca cuentas alegres es uno de sus autores, el jefe de bancada de la UDI, Jorge Alessandri.
“Por 10 votos a favor en particular, significa que ahora pasa a la Sala, este proyecto de ley logra que se reduzcan los beneficios carcelarios a aquellos que asesinan o que atenten contra Carabineros, Policía de Investigaciones o gendarmes”, precisó el legislador de oposición.
También recalcó que “vamos a defenderla con mucha fuerza en la Sala, recordando por supuesto al cabo Nain”.
El punto de controversia lo planteó el diputado independiente, Andrés Jouannett, que ahora integra Amarillos, señalando efectivamente que no en todas las votaciones en particular hubo unanimidad.
“Esto hubiera sido ideal que hubiera sido por unanimidad. Lamentablemente, algunos miembros de la comisión se abstuvieron o no votaron a favor de esta ley”, señaló el congresista.
Así también dijo que “tenemos que mandar señales claras a la ciudadanía y a Carabineros. Tenemos que estar atrás de Carabineros, hoy día que tenemos una crisis, una catástrofe en materia de seguridad”.
“Transgrede bastantes principios constitucionales”
Por otro lado, la diputada de Revolución Democrática, Maite Orsini, explicó que el contexto era importante. Por ejemplo, un delito de lesiones leves en situación de violencia intrafamiliar siempre debía cumplirse en la cárcel si la víctima es carabinero, sin importar si el delito tenía o no que ver con que la persona fuera funcionario.
La parlamentaria señaló además que lograron que quedara fijado solo para cuando el delito se comete durante la función de ser efectivo policial, pero dijo que el problema es más profundo.
“Transgrede bastantes principios constitucionales. No podemos generarle a las policías una falsa sensación de seguridad, porque esta ley es inaplicable”, apuntó la diputada.
Aclarando que “va a pasar lo mismo que pasa con la ley Emilia, que es una ley que también establece penas efectivas siempre y no permite el acceso a penas sustitutivas que -cada vez que se establece una condena- eso va al Tribunal Constitucional y termina eliminando esa norma”.
Aumento de sanciones
Según consignó La Radio, se habla de presidio mayor en su grado máximo, desde 15 años y un día a 20 años, para los casos que como resultado de las lesiones de estos efectivos queden inhabilitados para realizar sus funciones.
Presidio mayor en su grado medio en caso de que las lesiones produzcan enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días.
Tampoco podrían optar a beneficios consagrados en la ley de penas sustitutivas, sino una vez cumplidos tres años de la condena privada de libertad.
Cabe mencionar que después de la semana distrital, esta iniciativa estaría en condiciones de ser puesta en tabla en la Sala de la Cámara de Diputados.
