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Como una "gran vergüenza institucional", calificó el renunciado comandante en Jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, las ejecuciones y crímenes contra los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet, tras su salida del cargo.
El comandante en jefe del Ejército, general Ricardo Martínez, renunció este miércoles al cargo y, como última acción de mando, divulgó un informe que condena como “vergüenza institucional” las violaciones de derechos humanos a manos de militares bajo la dictadura de Augusto Pinochet.
Es la primera vez que el Ejército condena duramente su papel en los crímenes, torturas, ejecuciones sumarias y desapariciones de opositores bajo Pinochet, quien fue general y comandante en jefe de la institución castrense durante un cuarto de siglo (1973-1998).
La Caravana de la Muerte
“Uno de los episodios más condenables fue el paso [a fines de 1973] del General Sergio Arellano Stark y su comitiva, conocida como la ‘Caravana de la Muerte’ hasta nuestros días, que hizo un recorrido por diversas guarniciones del norte y sur del país, dejando una huella de ejecuciones que afectó gravemente a la Institución”, dice el informe de 120 páginas.
La “Caravana de la Muerte” fue responsable de la ejecución sumaria de un centenar de presos políticos y de la desaparición de varios otros, según determinaron comisiones nacionales de la verdad y la justicia tras el retorno a la democracia en 1990.
Arellano recorrió el país en helicóptero como “delegado” de Pinochet y los oficiales que lo acompañaban obligaron a jóvenes oficiales y suboficiales de los regimientos que visitaban a participar en las ejecuciones.
“Existió una conducta previa que buscaba producir temor e involucrar a integrantes de todas las unidades que visitaban, entregándoles la responsabilidad de enfrentar a los familiares de los afectados y así, dejar a esos jóvenes oficiales y suboficiales de aquellos regimientos, como la cara visible de las ejecuciones”, resalta el informe, publicado en el sitio web del Ejército.
El informe salió apenas Martínez anunció su dimisión en una ceremonia en la Escuela Militar en Santiago, un día antes de declarar ante la justicia en un caso de presunto fraude.
En 2003, el general Juan Emilio Cheyre fue el primer comandante en jefe del Ejército en pedir un “nunca más” a los abusos de derechos humanos.
Sus sucesores también han hecho algunos gestos de reconciliación, pero ésta es la primera vez que un documento de la institución contiene términos tan duros sobre la represión bajo Pinochet, quien falleció en 2006 sin haber sido condenado por la Justicia.
“Profunda herida”
Específicamente, el informe condena el asesinato del excomandante en jefe del Ejército Carlos Prats y su esposa, Sofía Cuthbert, en Buenos Aires en 1974, por agentes de la DINA, un crimen que “se ha constituido también en una gran vergüenza institucional”.
Prats, un general constitucionalista que precedió a Pinochet en el mando del Ejército, se había exiliado tras el golpe.
Titulado “Reflexión sobre las actuaciones del Ejército y sus integrantes en los últimos 50 años y sus efectos en el ethos militar”, el documento castrense afirma que “las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el periodo [1973-1990] y en la que los miembros del Ejército tuvieron participación […] fueron una profunda herida ocasionada al deber ser militar”.
“El elemento fundamental para mantener la disciplina militar radica en que las órdenes que imparte un superior deben ser legales y allí radica el imperativo que deben ser cumplidas por los subordinados. La disciplina en las relaciones entre militares no es un acto de sumisión”, añade.
Crítica a justicia militar
Martínez debe declarar este jueves en calidad de inculpado en el marco de una sonada investigación por corrupción por el supuesto desvío para fines personales de millones de dólares de los fondos reservados del Ejército.
La investigación también salpica a dos de sus predecesores: los generales retirados Humberto Oviedo (2014-2018), acusado del uso irregular de viáticos en más de 20 viajes al exterior, y Juan Miguel Fuente-Alba (2010-2014), acusado de malversar unos 3.500 millones de pesos.
La jueza especial de la Corte Marcial, Romy Rutherford, quien interrogará a Martínez, investiga la compra de inmuebles, automóviles de lujo y otros gastos “injustificados” con fondos los reservados.
Martínez, de 62 años, renunció una semana antes de que culminara su periodo de cuatro años como jefe del Ejército. El general insistió en que es inocente y criticó que los investigados por la justicia militar chilena no tengan las mismas garantías que los procesados por tribunales civiles.
