Claudio Grossman, el "agente de Piñera" que asesora a la Oficina del Fiscal de la CPI

El Gobierno valoró la decisión de la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional en la Haya, que desestimó iniciar una investigación preliminar por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante el estallido social contra el presidente Piñera.

Sin embargo, abogados y organizaciones de DDHH cuestionaron que el organismo tenga como asesor a Claudio Grossman, el abogado y académico que tiene fuertes vínculos con La Moneda.

Recordemos que la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional de La Haya envió un oficio al Ministerio de Relaciones Exteriores, donde se descarta que existieran antecedentes que se podrían considerar delitos donde la Corte pueda tener jurisdicción legal.

Esto último, tras la denuncia presentada en abril pasado por la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) y otras organizaciones internacionales, como la Fundación Internacional Baltasar Garzón.

Según destacó el vocero del Gobierno, Jaime Bellolio, la decisión de la CPI confirma que en Chile “no hay una política sistemática de violación a los derechos humanos” y “queda descartada esa tesis de la izquierda radical que quería decir que aquí había violaciones sistemáticas”.

Los vínculos de Grossman con La Moneda

No obstante, un nuevo antecedente generó críticas a lo resuelto, luego de conocerse que el abogado y académico Claudio Grossman, es asesor especializado y sin portafolio del fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, según lo anunció el propio organismo internacional en octubre pasado.

El jurista chileno fue miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos e integrante del Comité de la ONU contra la Tortura, con una dilatada trayectoria en temas relacionados con Derechos Humanos.

Además fue parte del Comité Asesor del Gobierno en la demanda internacional de Perú ante La Haya. Y luego, en el litigio internacional con Bolivia, fue el agente chileno ante la Corte internacional de Justicia (CIJ).

Si bien tiene un pasado ligado a la izquierda como parte del MAPU, incluso como exiliado durante la dictadura de Pinochet, ha tendido lazos con el oficialismo, como cuando representó a la UDI y a la Fundación Jaime Guzmán ante la CIDH, buscando la extradición de Sergio Galvarino Apablaza desde Argentina, por el crimen del senador gremialista.

De hecho, en noviembre del 2020 el Gobierno impulsó su candidatura a la Comisión de Derecho Internacional (CDI) de Naciones Unidas, destacando la amplia trayectoria de Grossman, tanto en los ámbitos profesionales como académicos.

Finalmente, en noviembre de este año, la Asamblea General de Naciones Unidas eligió en votación secreta a los 34 miembros de la CDI por un período de cinco años (2023 – 2027), donde el candidato de Chile fue electo en primera mayoría general.

De todas maneras, Grossman no sería el único cercano al Gobierno que ha logrado un cargo en instancias jurídicas internacionales, ya que también está el caso de la exministra de Justicia durante la primera administración de Piñera, Patricia Pérez Goldberg.

Esta última, que además es Conservadora de Bienes Raíces de Villa Alemana, fue electa como Jueza de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para el período 2022-2027.

Las críticas por el vínculo de Grossman con el Gobierno chileno

Tras conocerse el vínculo de Grossman, el presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos (CChDH), Carlos Margotta, aseguró a BioBioChile que están recabando los antecedentes.

“Estamos averiguando la certeza de que eso es así y si él ha prestado alguna asesoría respecto de los hechos motivo de nuestra denuncia, sin lugar a dudas sería constitutivo de una grave irregularidad”, aseveró.

En esa línea, Karinna Fernández, la abogada experta en Derechos Humanos y que ha litigado en instancias internacionales, como el caso de Martina, donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) falló en contra de Chile, cuestionó el vínculo del asesor de la Oficina del Fiscal de la CPI con el Gobierno.

“Creo que es importante que la Oficina del Fiscal aclare cuál fue el rol de Claudio Grossman en esta decisión y en ese sentido, es importante tal vez que quienes presentaron los antecedentes ante la CPI, hoy le pidan a la Oficina del Fiscal, que develen detalles de cuál fue el rol de Grossman”, indicó a BioBioChile.

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira, coincidió con la abogada de Derechos Humanos, respecto a que es necesario tener un pronunciamiento por parte del organismo internacional.

Organizaciones de DDHH pedirán explicaciones a la Oficina del Fiscal de la CPI

“Creo que las organizaciones de Derechos Humanos nos vemos en la obligación de pedir explicaciones y de exigirle qué representa Claudio Grossman en la Oficina del Fiscal de la Corte Penal Internacional”, señaló.

Carlos Margotta, en tanto, puntualizó que su eventual participación como asesor en la denuncia contra lo sucedido en nuestro país, vulneraría normas internacionales.

“Se incumpliría con ello una regla de carácter internacional que dice que cuando los hechos investigados por los órganos juridiccionales de carácter internacional dicen relación con países de los cuales se es miembro, como sería en el caso de Claudio Grossman, no pueden tener participación alguna quienes tengan la misma nacionalidad”, explicó.

“Esperamos que eso no haya ocurrido, y si es así, haríamos las presentaciones necesarias para impugnar la participación de Claudio Grossman ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional”, adelantó.

Según explica la abogada Fernández, Grossman debería haberse inhabilitado dado sus vínculos con el Gobierno actual, tomando en cuenta además que fue contratado y financiado por la actual administración cuando participó en el litigio en La Haya.

Organizaciones acusan “interferencia política”

“No deja de llamar la atención que él haya iniciado actividades en la CPI en octubre de este año y que haya salido esta resolución a tan poco andar desde su llegada. Y que sobre todo, sea tan cercana a una elección presidencial, en algo que los organismos internacionales se cuidan bastante”, indicó además Fernández.

“Además, al solicitar la extradición de Galvarino Apablaza desde Argentina, varias veces ha dicho que en Chile no se tortura, que es uno de los hechos principalmente denunciados durante el estallido social”, resaltó Fernández.

Al respecto, Alicia Lira, lamentó el vínculo de Grossman asegurando que como agrupación les parece “gravísimo y preocupante”.

“Aquí hay interferencia política, cuando los gobiernos meten personeros que los representen en instancias tan sensibles a los temas de los Derechos Humanos, nos parece más grave aún sabiendo que está este personero ahí”, sentenció.

Derecho a Réplica de Claudio Grossman

Señor Director:

En relación a la noticia difundida hoy por su medio le informo lo siguiente:

1.- No fui consultado ni participé en la decisión del Fiscal de la Corte Penal Internacional sobre Chile.
2.- Fui nombrado como Agente de Chile por la presidenta Michelle Bachelet y confirmado por el presidente Piñera cuando asumió en sus funciones y
3.- Fui presentado por Chile a la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas por la presidenta Bachelet en el año 2016 y elegido por el período 2017-2021. Fui presentado a la reelección bajo el gobierno del presidente Pinera, lo que tuvo lugar este año por el período 2022-2027.

Le envío esta nota para que su audiencia tenga acceso a una completa información.

Le saluda atentamente,

Claudio Grossman
Professor of Law and Dean Emeritus
R. Geraldson Scholar for International and Humanitarian Law
American University Washington College of Law
Member International Law Commission UN
President Inter-American Institue of Human Rights