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La Comisión de Constitución del Senado comenzó hoy martes la votación en general del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones. La sesión de hoy comienza marcada por las audiencias realizadas los días previos en que se escuchó a destinos expertos que comentaron sobre los posibles impactos en la economía en caso de que proyecto incluya un retiro de fondos de las compañías de seguro con rentas vitalicias. También se abordó el tema de la retención de deudores de pensiones de alimentos.
La Comisión de Constitución del Senado adelantó para hoy martes la votación en general del cuarto retiro del 10% de los fondos de pensiones, luego de realizar audiencias con expertos para analizar el proyecto.
A eso de las 10:30 horas de hoy comenzó la sesión para discutir el proyecto, con la incertidumbre relativa a las rentas vitalicias.
Ayer lunes fueron los representantes de las compañías de seguros los que tuvieron que exponer ante la Comisión de Constitución sobre el impacto que tendría en la industria la aprobación del proyecto. Asimismo, expusieron dos representantes de ONG’s que respaldaron los alcances de la iniciativa, sobre todo en lo que implica pago de deudas de alimentos y apoyo a pensionados.
Además de los integrantes de la Comisión, participaron en este encuentro los senadores Carlos Bianchi, Alejandro Navarro, Loreto Carvajal y José García Ruminot.
“Expropiación flagrante”
Mario Gacitúa, presidente de la Asociación de Aseguradores de Chile; y Álvaro Clarke, presidente de ICR Chile Clasificadora de Riesgos, advirtieron a la Comisión que una eventual aprobación de la iniciativa no sólo tendrá un impacto en la industria, sino que traerá consigo una baja en las pensiones y conflictos a nivel internacional derivados del cambio en los contratos de las rentas vitalicias.
En esa misma línea, el experto de la Universidad de Chile, Felipe Ossa, planteó que existiría una “intervención flagrante” del Estado en acuerdos válidos entre privados. Además, un anticipo de las rentas vitalicias implica una “expropiación flagrante” pues se trata de dineros que en la mitad de los casos no se van a recuperar.
Por otro lado, Virginia Palma, vocera de la ONG Acción Mujer y Madre; y Evelyn Urrutia de la ONG Pensionados Vitalicios, Respeto, Justicia y Dignidad, valoraron los alcances del proyecto y señalaron que con ello se hace justicia en el caso de las deudas de pensiones alimenticias y que se responde al constante problema de solvencia que tienen los adultos mayores del país.
Mario Gacitúa señaló que con el primer anticipo de rentas vitalicias se generó una incerteza jurídica “de la mayor gravedad” para el desarrollo de las aseguradoras y de aprobarse este proyecto se produce un “préstamo forzoso de 3.900 millones de dólares” y que en el mejor escenario se podría recuperar el 45%.
Añadió también que el impacto no es solo en las rentas vitalicias sino que también puede afectar a las otras áreas de seguros que tienen las compañías. Consultado por las utilidades, señaló que esta fue de 590 millones de dólares en los últimos 10 años.
Asimismo, señaló que “la judicialización no es voluntad de la industria sino que de respetar lo que consideramos los ejes esenciales del funcionamiento del mercado de capitales”.
En tanto, Álvaro Clarke, coincidió en que de las 150 UF que se podrían anticipar por parte de los pensionados de rentas vitalicias, sólo se recuperaría un 50% lo que genera un daño al patrimonio de las compañías de seguros.
Y sumó además, que existe una “incertidumbre jurídica” y lo que podrían hacer las compañías es frenar la suscripción de rentas vitalicias hasta que se aclare la situación.
En tanto, Felipe Ossa, se refirió al “grave impacto internacional” que podría generar para nuestro país el pago anticipado de rentas vitalicias y señaló que los retiros serían una suerte de “donación forzosa o expropiación flagrante” pues no se recuperaría el crédito en su totalidad. Agregó que no conoce ningún caso en la historia de las rentas vitalicias donde se haya permitido un anticipo y que los reclamos internacionales van a causar un “perjuicio enorme” a Chile.
Deudas por pensiones de alimentos
Por su parte, Virginia Palma, destacó el avance de este proyecto, sobre todo en materia de pago de deudas por pensiones de alimentos. Explicó que existe un 84% de deudas impagas y que con esta iniciativa “sería la primera vez que se hace un gesto real de reparación…se está viendo la posibilidad real de que se avance en un proyecto que avance en la perspectiva de género”.
Consultada respecto del impacto que tuvo el primer retiro en materia de alimentos, dijo que durante los 3 primeros días del primer retiro, se hicieron 160 mil solicitudes y hasta el momento se han pagado 417 millones por concepto de deudas de pensiones de alimentos.
En tanto, Evelyn Urrutia, dijo que es necesario “humanizar” la mirada con que se analiza el proyecto pues nadie hace alusión al “carácter permanente de insolvencia de los adultos mayores”. Agregó que la situación de los pensionados es crítica y que se refleja en la precariedad para enfrentar necesidades básicas y médicas.
Aseguró que “acá no hay una donación ni expropiación…esto es con cargo a devolución”.
Por su parte, el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez reiteró lo señalado en la sesión anterior respecto de la insolvencia técnica y señaló que no conoce de ningún otro país que a propósito de la pandemia haya modificado contratos de las rentas vitalicias.
Cabe recordar que previamente, la Comisión de Constitución realizó diversas audiencias con los representantes del Ejecutivo, con el presidente del Banco Central, Mario Marcel y también con el presidente de la Comisión para el Mercado Financiero, Joaquín Cortez, quienes plantearon sus aprensiones en torno a la eventual aprobación de este proyecto
