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Este lunes, el presidente Sebastián Piñera se refirió a la investigación denominada “Pandora Papers”, publicada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Liderada en Chile por los medios Ciper y LaBot, se revela que su familia y la de Carlos Délano sellaron la compraventa de la Minera Dominga en las Islas Vírgenes Británicas, un paraíso fiscal.
Además, se aseguró que el pago de la tercera cuota de la transacción estaba condicionado a que el primer gobierno de Piñera no declarara como reserva natural la zona donde se construirá el proyecto. Eso finalmente se dio así y la cuota se pagó.
“Como es de público conocimiento, desde el mes de abril del año 2009, hace ya más de 12 años y antes de asumir mi primera presidencia, me desligué absoluta y totalmente de la administración y gestión de las empresas familiares y de cualquier otra empresa en que hubiere participado”, señaló el jefe de Estado.
En ese sentido, agregó que “en forma voluntaria, constituí fideicomisos ciegos para la administración de todos los activos financieros”. Según explica, su esposa y sus hijos también hicieron esto “como una muestra de transparencia”.
“A partir de esa fecha, no tuve ningún conocimiento ni información de las decisiones de inversión de las empresas antes mencionadas, las cuales fueron y son gestionadas por sus respectivos directorios y por una administración profesional”, aseguró el Mandatario.
El Presidente detalló que estas acciones fueron concretadas para enfrentar las elecciones de 2010 con total autonomía y para “evitar cualquier asomo de conflicto de interés”.
Además, afirmó que estos hechos fueron investigados en profundidad por el Ministerio Público, siendo resueltos por los tribunales de justicia durante el año 2017.
Bajo ese contexto, dijo que se decretó el sobreseimiento de la causa, ya que “la venta se ajustaba plenamente a derecho, por la inexistencia de cualquier delito y por haberse declarado judicialmente la inocencia de este Presidente”.
“Probablemente el consorcio internacional que publicó la noticia no sabía que esa información no era nueva, que había sido de público conocimiento y que había sido conocida por la Fiscalía y los tribunales de justicia”, expresó en torno a la arista que investigaron los periodistas chilenos Francisca Skoknic y Alberto Arellano, asociados al ICIJ.
Finalmente, añadió que “me parece inaceptable que se utilice una información ya conocida por la opinión pública, sobre la cual ya se pronunciaron sobre mi total inocencia los máximos tribunales de justicia de nuestro país, descartando la existencia de cualquier irregularidad o delito”.
