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La Contraloría General de la República (CGR) rechazó este jueves el Decreto 249, impulsado por el presidente Sebastián Piñera con el objetivo de entregar facultades especiales a las Fuerzas Armadas para el patrullaje militar en la Macrozona Sur.
Lo que buscaba La Moneda era que, a pesar del término del Estado de Excepción en el país, los efectivos militares continuaran realizando labores preventivas en las provincias de Bío Bío y Arauco, en la región del Bío Bío, y Cautín y Malleco, en La Araucanía.
Cabe recordar que estas zonas han sido escenario de decenas de ataques incendiarios durante los últimos meses. Sin ir más lejos, este miércoles de produjeron dos hechos de este tipo, uno en la comuna de Lebu y otro en Carahue.
En concreto, lo que pedía el Ejecutivo era “autorizar colaboración de las FF.AA. para apoyar a las autoridades civiles y policiales respecto de actos que se vinculen con la prevención del porte, la tenencia y el tráfico ilícitos de armas de fuego, la criminalidad organizada, el narcotráfico y el terrorismo” en estas zonas.
En segundo lugar, que la cartera de Interior, en coordinación con Defensa, “decidirá los objetivos estratégicos de la misma y evaluará la manera en que las policías emplean la colaboración señalada”.
Finalmente, quería delegar al ministro de Defensa la facultad de suscribir los decretos supremos que “ordenen la organización y distribución de las unidades de Fuerzas Armadas”.
Según la Contraloría, este decreto resulta ilegal, ya que “de acuerdo a la Constitución Política de la República, dichas labores están a cargo exclusivamente de Carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones”.
“En virtud de tal disposición, no es posible autorizar mediante un decreto labores de prevención y control de orden público a las Fuerzas Armadas, existiendo otras vías institucionales para dicho objetivo”, agregan.
Según fuentes del Gobierno, lo que objeta la CGR es que los militares apoyen con logística, vigilancia y tecnología a Carabineros para que ellos controlen estas cuatro provincias. “Eso mismo ya lo había validado en el Decreto 265 para el control de fronteras, hay una gran contradicción”, afirman.
