Jueza que ayudó a hijastro narco a evitar la justicia recurre a la Suprema para frenar formalización

Cecilia Urbina, la jueza de Coyhaique que es investigada por haber entregado información a su hijastro narco sobre la indagatoria que seguía en su contra la fiscalía, recurrió a la Corte Suprema para evitar que el Ministerio Público la formalice por delitos de la Ley de Drogas y prevaricación.

La presentación de Urbina se produce luego que el pasado 15 de septiembre, el pleno del tribunal de alzada coyhaiquino acogiera una querella de capítulo presentada por el persecutor regional Carlos Palma, que le retiró el fuero judicial. En los hechos, la resolución permite la comunicación de cargos ante un juzgado de garantía.

Lea el recurso

La causa, que hoy se tramita de manera reservada en la Suprema, deberá ser conocida por el ampliado de ministros en los próximos días y todo indica que confirmará la decisión por la justicia aysenina. Lo anterior, porque se acreditó que la magistrada revisaba el expediente judicial, donde constaban las diligencias secretas solicitadas por la fiscalía, información que -a través de su pareja- llegaba a manos de su hijastro, apodado el “Matanga”. Este último, era parte de una organización local dedicada al tráfico de drogas, según el Ministerio Público.

En el recurso interpuesto por Urbina, sus abogados argumentan que el fallo que acogió la querella de capítulo, contiene una serie de vicios procesales, entre ellos una supuesta debilidad en las pruebas presentadas. Al mismo tiempo acusa al Ministerio Público de filtrar la información para que su clienta “sea juzgada y condenada por los medios de comunicación”.

La sorpresa

Los hechos por los cuales la jueza Urbina está ad portas de ser formalizada, comenzaron a principios de enero de 2021, cuando la PDI realizaba escuchas a un grupo narco de la zona. Quien daba las órdenes para coordinar una entrega de drogas, era precisamente Jorge Cáceres Vásquez, apodado “el Matanga”.

Para sorpresa de la fiscal María Inés Núñez, este último resultó ser hijo biológico de Jorge Cáceres Osses, quien es el marido de la magistrada.

El hecho encendió las alarmas en el Ministerio Público, ya que las diligencias intrusivas encargadas durante la investigación, eran precisamente resueltas por Urbina.

Para interceptar el teléfono de el “Matanga”, la perseguidora solicitó la diligencia a otro magistrado, para evitar la filtración y solicitó que la tramitación fuera secreta.
De poco sirvió, ya que a fines del mismo mes Urbina ingresó al sistema informático del Poder Judicial y revisó el expediente judicial, donde estaban las medidas intrusivas que afectaban a su hijastro.

De acuerdo a los antecedentes de la fiscalía, los datos fueron transmitidos a su pareja. Por esta razón, a principios de febrero de 2021, este último se reunió con el “Matanga” en una estación de servicio y le contó que su celular estaba “pinchado”.

Este hecho derivó en que el el narco-hijastro se deshiciera del aparato, revelara lo propio a sus cómplices y que la PDI perdiera una importante fuente de información.

Estrategia

Para acreditar que la magistrada filtraba información secreta, la fiscalía solicitó al tribunal de garantía de Coyhaique la interceptación de su teléfono móvil, como también del marido.

En la escucha de la policía civil, fue captada una conversación que Urbina sostuvo con una funcionaria judicial.

Lea la querella de la fiscalía

“¿Te acuerdas que yo siempre me fijaba en la 419-2019, porque en esa causa la María Inés (la fiscal) la utiliza para hacer un montón de investigaciones y después cuando los detiene forma otra (…) ahí salió lo de Tochita (…) donde está metido Jorge (“El Matanga”) (…) y ahora está investigando otra cosa, pero me llamó la atención que el 6 de julio, porque yo siempre la veo para ver en qué va, presentó un escrito (…) en que solicita que se informe (…) qué personas a partir del mes de enero del 2021 han entrado a la causa a verla (…) como que nosotros no tenemos como ver eso, ¿cierto?”.

Y agregó: “Le pregunté a Mauricio para (saber) qué querrá eso, entonces no sabemos (…) me dijo que siempre (la fiscal) dispara para otros lados, pero al final es recobarde y no hace nada, ¿cachai? ”.

En el audio, también reconoció que aún cuando el expediente digital era secreto, a su juicio ese hecho no aplicaba para los funcionarios de la judicatura: “(…) aunque yo me hubiese inhabilitado, igual uno puede seguir mirando las causas”, indicó Urbina.