La Fiscalía Nacional cifró en 785 las personas involucradas en causas relativas al estallido social, y que eventualmente podrían ser beneficiadas con el proyecto de indulto que se tramita en el Senado. Familiares de los detenidos cuestionaron la información, asegurando que el número sería mayor.
A través de un oficio enviado a la Comisión de Constitución del Senado, el fiscal nacional, Jorge Abbott, respondió a la consulta de los parlamentarios que se realizó a propósito de la tramitación del indulto para los denominados de presos del estallido social.
Dicha comisión había acordado enviar al Ministerio Público un listado de los llamados “presos políticos” de la revuelta, que fue elaborado por las organizaciones que buscan su liberación, para que la institución comparara la información y, de esta forma, compilar un catastro que permita saber cuántos serían los beneficiarios de un potencial indulto.
Al respecto, desde la Fiscalía se detalló que 785 personas enfrentan causas derivadas del denominado estallido social, entre octubre de 2019 y mayo de 2021, pero de las cuales solo 53 se encuentran recluidas, tras cotejar las listas enviadas por agrupaciones sociales.
Estas son “Grupo Iniciativas por la Libertad de los Presos Políticos de la Revuelta”, “Agrupación Madres de la Plaza de Colón”. A ellos se sumó personas que firmaron el “Comunicado de Presos/as Políticos/as de la Revuelta y Subersivos/as”.
Según puntualizaron, se trató de un trabajo complejo debido a que ninguna de las personas del listado estaba con su RUT, ni tampoco con el número de sus causas para facilitar la búsqueda en sus bases de datos.
En el detalle, se indica que de la cifra total, un 82% son hombres y 18% mujeres, mientras que un 9,4% son adolescentes.
Asimismo, como algunos detenidos enfrentan más de una causa, se indicó que los 758 están asociados a 1.234 delitos, en donde destacan robo en lugar habitado, infracción a la Ley de Control de Armas y desórdenes públicos.
Por otro lado, 633 personas fueron pasadas a audiencia de control de la detención, 654 fueron formalizadas y 239 han sido acusadas. Mientras que 150 han optado por la suspensión condicional del procedimiento.
53 detenidos del estallido social en la cárcel
El Ministerio Público señala también que de los 758, un total de 141 han sido condenadas por uno o más delitos.
Por último, al cruzar los datos con información de Gendarmería, se señala que 290 personas fueron ingresadas para cumplir prisión preventiva.
De ellas, 53 se encuentran aún en prisión, divididos en 7 que ya están cumpliendo condena, mientras que los 46 restantes aún están con la cautelar de prisión preventiva.
Lee el oficio a continuación:
Las críticas
Desde la Asamblea Nacional de Familiares de Presos Políticos criticaron el catastro, asegurando que el número es mayor al reportado por el Ministerio Público.
“Nosotros no compartimos la cifra, creemos que hay muchas más personas en prisión preventiva”, señaló el vocero de la agrupación, Jaime Fuentes.
“El proyecto de ley de indulto no sólo beneficia a aquellos que están en prisión preventiva o condenados, también va a beneficiar a aquellos que estén con otra medida cautelar, como arresto domiciliario total, reclusión nocturna, firma, arraigo”, aseguró.
En ese sentido, Fuentes señaló que “lo que está haciendo la Fiscalía, de reducir en número de beneficiarios, es claramente contraproducente”.
Pese a todo, valoró la elaboración de un catastro por parte del Ministerio Público, que ayude a agilizar la tramitación del indulto con el Congreso.
“Encontramos positivo que estén avanzando en un catastro sobre todo considerando que habían dicho que no tenían la capacidad para hacerlo”, concluyó.