La Fiscalía sumará nuevos cargos contra los ejecutivos de ENAP imputados en el caso Crudo Iraní, que investiga las emergencias ambientales de 2018 en Talcahuano, Quintero, Puchuncaví y Ventanas. Pese al nuevo escenario, los futuros imputados difícilmente podrían enfrentar penas de cárcel en caso de ser condenados.
En noviembre de 2019 fueron formalizadas siete personas -seis empleados de ENAP y el capitán de un barco- como responsables de los episodios de contaminación vividos en el Bío Bío y Valparaíso en agosto de 2018.
Los cargos entonces fueron el de propagar agentes contaminantes al aire, pero ahora la fiscal regional, Marcela Cartagena, decidió agregar otros dos delitos: el que sanciona a quienes importen residuos peligrosos o no cuenten con las autorizaciones para ello, además del ilícito por propagar elementos que pongan en peligro el abastecimiento de la población, incluidos en el artículo 44 de la Ley 20.920.
Para el abogado querellante Remberto Valdés, quien representa a familias del cordón industrial de Valparaíso, se trata de figuras que agravan la responsabilidad de los siete formalizados.
“Más de 1.400 personas a quienes representamos, están contentas, están felices, están satisfechas, porque en octubre todos los ejecutivos de la ENAP van a ser formalizados por un delito mucho más grave, por decisión de la fiscal regional del Bío Bío”, asegura.
En agosto de 2018 un barco cargado con crudo del tipo Iranian Heavy, altamente contaminante, llegó a Talcahuano, donde fue trasvasijado a otra embarcación, y fue en ese proceso que se produjo una nube tóxica que se desplazó por el puerto, obligando a la evacuación de un centro comercial y una clínica privada; emergencia que se repitió después en Quintero, Puchuncaví y Ventanas.
Con la reformalización, dijo el abogado Valdés, hay un avance hacia la justicia que buscan sus representados, destacando el trabajo de las fiscales Cartagena y Ana María Aldana.
La audiencia fue fijada por el Juzgado de Garantía de Talcahuano para el próximo 19 de octubre, siendo el 27 del mismo el plazo para que el Ministerio Público concluya la pesquisa formalizada hace casi dos años.
Al respecto, tras consultar a ENAP, el abogado que los defiende en esta causa, Cristián Muga, descartó que este nuevo escenario complique a los ejecutivos de la estatal.
“En este caso, no existe un agravamiento de la situación procesal existente”, indicó el jurista, reiterando su posición respecto a la “total inocencia de los ejecutivos y trabajadores de ENAP”.
No arriesgan cárcel
De acuerdo a los documentos a los que tuvo acceso la Unidad de Investigación de BioBioChile, la Fiscalía imputará a los seis ejecutivos de Enap y al capitán del barco, por dos delitos: infracción al artículo 291 del Código Penal y artículo 44 de la ley N° 20.920.
En ambos casos, los imputados arriesgan una pena de presidio menor en su grado máximo, es decir, desde tres años y un día a 5 años de cárcel. Aunque, en el caso del artículo 44, se debe probar que “la actividad ha generado algún tipo de impacto ambiental”.
Y si bien es una imputación grave, difícilmente termine con los imputados cumpliendo sus penas con cárcel efectiva en caso de ser condenados. Esto, porque podrían acogerse a una pena sustitutiva, como la libertad vigilada.
Ahora, si se van a un procedimiento abreviado, donde los imputados reconocen su responsabilidad, la pena podría incluso ser menor.
Lo que sí, es que con este nuevo escenario, se espera un juicio extenso que podría durar un par de meses, por lo que recién a fin de año podría darse por concluido, e incluso no se descarta que se resuelva en marzo del 2022.
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