El Paro Nacional en Colombia completa 41 días, tiempo en que los enfrentamientos entre civiles y miembros de la fuerza pública han desencadenado hechos de violencia que no dejan de aumentar. Hasta el momento no ha habido un acercamiento entre las partes que permita vislumbrar una salida negociada al conflicto. Desde 2019, otros países de la región han enfrentado y resuelto situaciones de conmoción social similares. Tal es el caso del estallido social en Chile, que estuvo marcado por violentos enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública, pero ha sido superado. En entrevista con DW, expertos de ambos países comentan sobre los factores presentes tanto en el estallido social en Chile como en el Paro Nacional en Colombia.
La gota que derramó el vaso
La mezcla de factores que dio inicio a las protestas masivas vividas en Chile y Colombia es un primer punto de confluencia entre los dos casos. Un aumento en el costo de vida de buena parte de la población fue la chispa que encendió la conmoción social. Mientras que un alza en el precio del transporte público llevó a los estudiantes chilenos a manifestarse, las centrales obreras, estudiantes y sindicatos colombianos reaccionaron a un proyecto de reforma tributaria. Para Sergio Guzmán, director de Colombia Risk Analysis, a pesar de las semejanzas en su origen, el curso de las protestas se desarrolló de forma diferente en cada uno de esos dos países. “En Chile, diversos grupos fueron sumándose poco a poco a las manifestaciones de los estudiantes, en cambio, el Paro de 2021 en Colombia es el más reciente episodio en una serie de protestas que vienen ocurriendo desde hace dos años y que estaban a punto de estallar”.
El desarrollo económico de ambos países ha contribuido a la formación de brechas sociales, producto de una distribución desigual de la riqueza. “Chile y Colombia son sistemas fiscales que redistribuyen poco. No tiene que ver con los gobiernos. Es una característica estructural de esos dos países”, comenta Luis Felipe López-Calva, director del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en América Latina y El Caribe, en entrevista con BBC Mundo. Así pues, la conmoción social fue el punto álgido de un malestar social acumulado durante décadas. En palabras de Guillermo Pacheco Habert, investigador del Centro Transdisciplinario de Estudios Ambientales (CEAM) de la Universidad Austral de Chile, se trata de un “descontento frente a gobiernos que no están escuchando a la ciudadanía, que no tienen mecanismos de participación concretos y que no están enfocados en beneficiar al grueso de la población”.
El cemento que los une y les da legitimidad
A lo largo de las jornadas de protesta, diversos movimientos políticos y sectores de la sociedad se manifestaron en rechazo al accionar de sus gobiernos. “En el estallido chileno confluyen muchos descontentos, una gran diversidad de visiones y orígenes sociales en torno a la desigualdad que fomenta el modelo económico del país”, comenta Pacheco. En ambos países, la reacción desmedida de la fuerza pública sirvió para acentuar la indignación y generar empatía con los manifestantes. Las demandas de “feministas, indígenas mapuches de Chile, la Minga indígena de Colombia, afrodescendientes, centrales obreras y grupos estudiantiles no tenían algo que las uniera. Hasta que empezaron a llegar las imágenes de lo que en Chile hacían los Carabineros y en Colombia el ESMAD”, comenta Guzmán. “En ambos casos, la respuesta policial es como el cemento que une a los distintos grupos, de allí surgió un movimiento unido con una legitimidad contundente”, concluye.
En el marco de los enfrentamientos entre la fuerza pública (Carabineros o ESMAD) y los manifestantes, ambos países registraron numerosas violaciones de derechos humanos. Escenas de violencia sexual, uso de armas de fuego, tortura, ataques en contra de veedores de Derechos Humanos, homicidio y bloqueo de vías captadas por testigos presenciales, han servido para denunciar el accionar de unos y otros. A pesar de los elementos comunes, los factores estructurales de cada país dieron forma a las oleadas de violencia. “En Chile el problema es con el Estado y las grandes corporaciones, no ocurre como en Colombia, donde en algunas regiones redes de narcotráfico le disputan ciertos roles al Estado”, apunta Pacheco. La “Primera Línea” [el nombre dado a las personas que, vistiendo máscaras y sosteniendo elementos domésticos a modo de escudos han participado de las protestas en ambos países. N de la R.] fue declarada objetivo militar por parte del grupo criminal colombiano autodenominado “la Oficina de Envigado”. Así mismo, el grupo paramilitar Águilas Negras también ha amenazado a quienes se han declarado a favor del Paro en redes sociales.
He sido amenazada, nos quieren silenciar, paralizarnos con el terror. No resisten ideas democráticas, propuestas de cambio, que pensemos distinto. Este es mi país y seguiremos trabajando porque sea más justo. pic.twitter.com/av2UQO2mvt
— Carolina Corcho (@CarolinaCorcho) June 4, 2021
Salida Digna
A diferencia de Chile, en Colombia no ha sido posible encontrar un punto de consenso entre las partes. Mientras que el gobierno toma decisiones unilaterales a modo de paliativo, por ejemplo, nuevos programas de subsidios para los jóvenes, los manifestantes tienen exigencias inviables, como la de desmantelar el ESMAD, argumenta Guzmán.
“Ninguno parece tener la intención de ceder, no se están dando la posibilidad de una salida digna”, agrega. “No basta con que cese el bloqueo de las vías y la violencia policial, para una negociación hará falta que el gobierno deje de culpar a Venezuela o Rusia por las protestas y reconozca como legítimos los reclamos de los manifestantes”, concluye Guzmán.