El constituyente electo por el distrito 10, Fernando Atria, salió a explicar las acusaciones que lo vinculaban con la empresa Promel o la minera Boliden, que convirtieron una zona de Arica en un basural con distintos productos tóxicos para el ser humano como arsénico, plomo, mercurio, entre otros elementos.

La historia se remonta a mediados de los 80′, cuando una minera sueca contrató a la chilena Promel para que se hiciera cargo de sus tóxicos residuos, lo que llevó como consecuencia a que eligieran un zona aledaña a la población Sica Sica de Arica, donde los desechos fueron dejados a la intemperie.

Tras los años, se conocieron casos de vecinos con diferentes enfermedades, incluso pasajes completos donde personas morían de diferentes cánceres.

Según consignó un reportaje de Chilevisión, en 2012 víctimas chilena de la contaminación presentaron una demanda ante la justicia sueca en contra de la minera Boliden, señalada como la responsable de contratar a Promel para deshacerse del material tóxico.

En el proceso, participó como testigo Fernando Atria, bajo el rol de perito experto del derecho chileno, tal como explicó en un hilo en su cuenta de Twitter, luego que se le acusara de defender a las empresas involucradas, algo que descartó.

Atria explicó que no representó a Promel, ni a la minera sueca Boliden, sino que fue contratado para explicar al tribunal sueco la legislación chilena en materia ambiental, pues había probabilidades de que la justicia sueca tuviera que fallar aplicando derecho chileno, algo que finalmente no sucedió.

“A diferencia de los informes en derecho habituales en Chile, en que profesores aparecen ante un tribunal alegando a favor de quien los contrata, en este documento no hay alegato alguno a favor de esa empresa ni defensa de sus intereses. Solo explicación del derecho chileno”, sostuvo.

“No hay tampoco ninguna interpretación del derecho chileno que sea sesgada a favor de la empresa sueca. Desafío a quien quiera que muestre lo contrario, documento en mano”, añadió.

Respecto a la situación de los vecinos de Arica, la justicia sueca desestimó la demanda debido a que los eventuales delitos habían prescritos, pero la ONU determinó que los estados de Chile y Suecia deben buscar una reparación para las víctimas.