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“Llegamos acá y fue otra vida”, se queja Elizabeth González, obligada como miles de chilenos a vivir en un campamento o asentamiento informal, una de las caras más visibles del incremento de la pobreza en Chile, que rebrotó tras las protestas sociales y la pandemia.
Las multitudinarias movilizaciones que estallaron a partir del 18 de octubre de 2019 impactaron en la actividad productiva y, cuando la economía salía a flote a principios del 2020, la pandemia del covid-19 volvió a golpear, paralizando diversos rubros gracias a las restricciones sanitarias.
La proliferación de carpas en las calles, la instalación de cientos de ollas comunes y el incremento en casi el doble del número de familias que viven en campamentos, retrata la forma en que la pobreza ha resurgido en Chile.
“Me cambió (la vida) un 100%. Nosotros arrendábamos pero después ya no nos dio para arrendar; teníamos orden de desalojo y tuvimos que llegar acá y fue otra vida diferente, me costó mucho acostumbrarme”, señala a Agence France-Press (AFP) Elizabeth González, que hace poco más de un año llegó a vivir al campamento La Cancha, levantado sobre uno de los cerros del municipio de Lo Barnechea, en el este de Santiago.
Como ella, cerca de 100 familias se instalaron en este lugar, donde construyeron pequeñas viviendas de madera y lata, que no cuentan con servicios básicos y contrastan con las lujosas mansiones emplazadas en la misma comuna.
“No duermo tranquila pensando en que si nos llegan a desalojar quedo en la calle”, agrega la mujer.
Hasta 2019, Chile tenía los mejores indicadores de pobreza en América Latina detrás de Uruguay, pero luego de más de tres décadas de descenso sostenido, esta tasa subió del 8,1% al 12,1% en poco más de un año.
Abrupto aumento
En 2020, la economía chilena cayó 5,8%, su peor registro en 40 años, y más de de un millón de personas perdieron el empleo.
En el último año se contabilizaban 167 nuevos campamentos, con un total de 81.643 familias viviendo en 969 asentamientos autoconstruidos, unas cifras que superaron en poco tiempo las 47.050 que residían en los 802 campamentos existentes en 2019, según un catastro de la Fundación Techo.
“Ha sido por lejos el aumento más intempestivo y abrupto de población en campamento que ha habido en los últimos 40 años en Chile”, aseveró Sebastián Bowen, director de esta fundación con presencia en 19 países de América Latina y que promueve acciones en asentamientos pobres con sus habitantes y jóvenes voluntarios.
Un 31% de las personas que se fueron a vivir a un asentamiento no podía pagar el arriendo. Otro 24% lo hizo por la necesidad de independencia, ya que vivían hacinados o en casas de familiares.
“Lo más difícil ha sido el hambre”, dice Ingrid Lara, angustiada por la miseria que experimenta en uno de los campamentos de Santiago.
Ingrid se hizo cargo de la olla común del campamento Nueva Esperanza, en el municipio de La Pintana (sur de Santiago), donde vive con su marido y su hija en una casa que ellos mismos construyeron con madera y lata. Diariamente cocina para las 46 familias que no han podido salir a trabajar durante la pandemia.
La misma situación se vive en el campamento La Chimba, montado sobre un basural de la ciudad de Antofagasta, en el norte del país, considerada la capital mundial de la minería del cobre y hasta donde miles de migrantes colombianos, peruanos y bolivianos han arribado en los últimos años en busca del “sueño chileno”, apuntalado por la bonanza del precio del metal, del que Chile es el principal productor mundial.
Pero los bajos salarios y el alto costo de vida en esta la ciudad arrastraron a muchos a vivir en los campamentos levantados en los áridos cerros que la rodean.
“Los campamentos viven en tierra de nadie, abandonados y la pobreza se agudiza más cuando nadie sabe que tú existes”, dijo el padre jesuita Felipe Berríos, quien vive desde hace seis años en La Chimba.
Difícil acceso a la vivienda
Bowen sostiene que los campamentos son “el síntoma de una enfermedad de fondo, que es el difícil acceso a una vivienda”.
Anualmente, el Estado entrega poco más de 20.000 soluciones habitacionales, insuficiente para responder a las 600.000 familias que buscan una vivienda.
“A ese ritmo, Chile no logrará ni en 30 años resolver el déficit habitacional”, cerró el directivo.
