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Este martes, la delegación regional Santiago del Colegio de Químicos Farmacéuticos y Bioquímicos emitió una declaración en la cual emitieron duras críticas en contra del Instituto de Salud Pública (ISP).
Lo anterior en el marco de la polémica que envuelve desde agosto al anticonceptivo Anulette CD del Laboratorio Silesia, que pertenece al Grupo Grünenthal.
En agosto, el ISP emitió una alerta para que se retirara del mercado un lote de comprimidos recubiertos de Anulette CD.
Luego, en septiembre, el mismo organismo suspendió el registro sanitario del producto ya que detectaron problemas de calidad de similares características a los advertidos en la alerta del mes anterior.
Este año, en febrero, el ISP comunicó que tras un sumario sanitario Silesia fue sancionada con el pago de 1.300 UTM (casi $67 millones) por vulnerar normas contenidas en el Código Sanitario y el Decreto Supremo Nº 3, de 2010, del Ministerio de Salud.
No obstante, para los profesionales, la multa fue baja y el actuar del ISP tuvo falencias por las que evitaron aceptar responsabilidad.
“La responsabilidad de los blísteres defectuosos de Anulette CD corresponde al laboratorio fabricante Silesia (del Grupo Grünenthal), que falló en sus procedimientos de aseguramiento de calidad. Es el ISP, a través de su departamento agencia nacional de medicamentos, la
entidad que debe resguardar la calidad de los medicamentos, tarea fiscalizadora entregada por mandato legal”, lanzaron en un comunicado.
“El ISP al momento de detectar la falla y evaluar la magnitud del problema debe exigir, con argumentación técnica, el control de calidad del anticonceptivo y aplicar las sanciones que permite la ley. Sin embargo, el monto resulta insignificante para un proveedor del sistema público de estas dimensiones“, espetaron.
A eso sumaron la acusación que el ISP “endosó la responsabilidad del control de calidad del producto a los profesionales químicos farmacéuticos mediante ‘inspección visual’. Esta función ni los químico-farmacéuticos, ni los directores, ni demás profesionales de salud y equipos técnicos de farmacias o de botiquines de Atención Primaria de Salud pueden ni deben asumir, al ser competencia del ISP”.
A modo de cerrar su declaración, desde el gremio señalaron que los hechos ocurridos y el manejo de la situación por parte del ISP no “pueden volver a ocurrir”, ya que conllevan al “grave peligro de pérdida de confianza de la población”, en especial de las mujeres afectadas, respecto del resguardo de la calidad de los medicamentos en el país.
