La Cámara de Diputadas y Diputados despachó para que pueda se promulgado el proyecto de ley que extiende los beneficios de la Ley de Protección al Empleo, el cual fue una iniciativa del Ejecutivo.

De esta forma, la Sala de la Cámara aprobó en dos votaciones y despachó a ley el proyecto que extiende la vigencia de los beneficios establecidos en las leyes que facultan el acceso a prestaciones del seguro de desempleo en circunstancias excepcionales e incrementan el monto de las prestaciones del seguro de desempleo con motivo de la pandemia por Covid-19.

En votación general el proyecto fue aprobado por 113 votos a favor y 10 abstenciones. Luego, en votación general el numeral 2 de la iniciativa fue aprobado por 112 votos a favor, uno en contra y 6 abstenciones, cumpliendo con el quorum de 77 votos necesarios.

De acuerdo a lo señalado en los informes de las comisiones rendidos por los diputados Gabriel Silber (DC) y Daniel Núñez (PC), al 17 de enero de 2021, más de 767 mil trabajadores han estado afectos a la suspensión de sus contratos a través de la ley de protección del empleo. De estos, el 70,1% son parte de micro y pequeñas empresas (Mipyme) y 29.9% a grandes empresas.

Extensión de plazo

Según informa la web de la Cámara, de acuerdo a lo explicado por la ministra de Trabajo, María José Zaldívar, en las comisiones de Trabajo y Hacienda, el 6 de marzo vencen las vigencias de las normas que permiten la suspensión de contratos, la ampliación de los giros del Fondo de Cesantía Solidario (FCS) y las leyes de protección del empleo y crianza protegida dictadas a raíz de los efectos de la crisis sanitaria.

Por esto, y considerando que el escenario económico y laboral aún es complejo debido a la segunda ola de contagios del virus que enfrenta el país, se hace necesario extender la vigencia de las leyes señaladas hasta diciembre de 2021.

El texto aprobado, además, permitirá nueve giros adicionales con cargo al Fondo de Cesantía Solidario (FCS) para aquellos trabajadores suspendidos que hayan agotado sus giros anteriores y extiende hasta enero de 2022 el plazo para que la Superintendencia de Pensiones y la Dirección de Presupuesto emitan un informe del trabajo realizado por la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC).

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