Mario Alberto Rozas Córdova, exgeneral director de Carabineros, figura como imputado en 36 querellas, por delitos asociados al control del orden público y violaciones de los Derechos Humanos durante el estallido social.

En estas indagatorias, se busca establecer el nivel de conocimiento de las actuaciones policiales que tenían los altos mandos y si hubo acciones para exculpar de responsabilidades a los autores.

La última acción judicial en su contra fue presentada en octubre, luego de la formalización del carabinero Sebastián Zamora, acusado de empujar a un adolescente al río Mapocho. La querella contra Rozas invocó el delito de homicidio frustrado, en calidad de cómplice o encubridor.

Sin embargo, su salida de la cabeza de carabineros no extingue su responsabilidad penal en el caso de ser condenado. Además, ya no contará con el apoyo jurídico de la entidad y deberá financiar su defensa. En algunas de las 36 querellas en su contra, Rozas ya ha declarado en calidad de testigo.

Uno de los abogados que se querelló en su contra por el delito de torturas en medio del estallido social, fue Luis Mariano Rendón. El jurista pidió que el ahora uniformado en retiro sea formalizado.

El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Carlos Margotta, quien también se querelló, afirmó que pese a que Rozas ya no lleva uniforme, tiene que ser juzgado.

Las acciones judiciales contra Rozas invocan en su gran mayoría, los delitos de homicidio frustrado, torturas, apremios ilegítimos e incluso crímenes de lesa humanidad.