La subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, se refirió a la querella presentada en su contra por eventuales delitos de prevaricación administrativa, fraude al fisco y falsificación de instrumento público por la compra de 300 cámaras corporales para Carabineros por un monto de $378 millones.

Acción que fue presentada por uno de los oferentes, la empresa Pegasus, que acusó un entramado para favorecer a Motorola, la que finalmente se adjudicó la licitación.

En conversación con Bienvenidos de Canal 13, la subsecretaria aseguró que “esta es una querella que no tiene ningún tipo de asidero. Hoy día cualquier persona puede presentar una querella si siente que ha sido vulnerado algún derecho, yo estoy absolutamente segura y convencida de que no habido ninguna irregularidad, ilegalidad no menos una acción del tipo criminal que es lo que se está imputando”.

Por eso, indicó que espera que una vez terminado el proceso, se dé cuenta con la misma fuerza a la opinión pública lo que resuelva el tribunal.

“Estoy evaluando las acciones legales que podemos ejercer, no sólo en lo penal sino también en lo civil, porque aquí no solo se afecta la honra de quien les está hablando sino de muchos funcionarios de la Subsecretaría de Prevención del Delito que se ven afectados por una nota, por una presentación de una querella”.

De igual forma, reiteró que la licitación se hizo cumpliendo con todas las normas legales y que la empresa demandante, Pegasus, “generalmente presenta querellas cuando no se adjudica una licitación. Todas las ha perdido, y está no será la excepción”.