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El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Juan Antonio Coloma Álamos, envió un oficio a Contraloría con el fin de conocer las identidades de quienes están detrás de las redes sociales del organismo.
Según se desprende del documento, junto con reconocer aspectos positivos a “Contralorito” el diputado gremialista solicita que se le remita información detallada sobre cada uno de los funcionarios que integran el equipo de redes, así como cuál es su trabajo específico en esa área.
En específico, el escrito fechado 13 de enero está dirigido al contralor general, Jorge Bermúdez, se pide “informar el nombre de los funcionarios encargados del manejo de las
diversas cuentas de redes sociales que mantiene esa Institución, señalando los tipos de medios a los que pueden acceder”.
Consultado por BioBioChile al respecto, el diputado Coloma detalló desde el otro lado del teléfono que pretende conocer si los funcionarios del equipo de comunicaciones digitales tiene militancia en algún partido político.
“Hemos visto como en el último tiempo el Twitter de la Contraloría ha tenido, a mi entender, respuestas con un carácter bastante político, mucho más político de lo que debiera tener una respuesta que se da a través de las redes sociales por parte de una institución como la Contraloría”, manifestó.
En esa línea, justificó sus intenciones argumentando que con la individualización se podrá ver “quienes son las personas que están tras esta información es que nosotros estamos oficiando precisamente a Contraloría, para que nos diga quienes manejan las páginas y cuáles son los protocolos que siguen para responder”.
El origen del enojo
En efecto, la inquietud del parlamentario oficialista tendría origen en un intercambio a través de Twitter que protagonizó él con la cuenta en Twitter de Contraloría a comienzos de año, tal como dio cuenta nuestro medio asociado Página7.
Todo luego de que el órgano fiscalizador iniciara una investigación por registro donde aparentemente, desde una patrulla, un carabinero lanzaba un improperio a un transeúnte utilizando el sistema de altavoces del vehículo policial.
“¿No encontraron ninguna forma mejor de perder el tiempo? ¿Tanta es la necesidad de caer bien?”, preguntó el congresista, encontrando inmediata respuesta.
“Hola Diputado, recuerde que nosotros debemos responder a los requerimientos, tanto de Diputados/as, Senadores/as, como de la ciudadanía. Esta solicitud de informe a Carabineros es precisamente una respuesta a denuncias ciudadanas, sólo cumplimos con hacer nuestro trabajo. Saludos”, replicó la cuenta de Contraloría.
“Me ‘emociona’ su velocidad para iniciar investigaciones a Carabineros, pero me impresiona que cuando denuncié a la Municipalidad de Recoleta (2016 y 2018) todavía no sepa resultado de la investigación”, contestó el legislador, recibiendo como respuesta algunos documentos que daban cuenta que sí había pronunciamientos al respecto.
En definitiva, aseveró Coloma a BBCL, el equipo detrás de las redes sociales y por tanto de reconocido personaje “Contralorito” está haciendo mal su trabajo.
“Hay veces que actúan de oficio, hay veces que actúan a petición de partes, pero en varias de estas ocasiones ya hemos visto un evidente sesgo político en sus respuestas”, agregó.
¿Qué dice la ANEF?
Nuestro medio se contactó con la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (ANEF) para conocer qué opinaban de esta situación.
En ese sentido, la organización a cargo de proteger los derechos de los trabajadores calificó el oficio como preocupante.
El vicepresidente de Comunicación y Difusión de la ANEF, Helmuth Griott, indicó que antes de solicitar las identidades, el diputado Coloma debió mostrar pruebas que den cuenta de un eventual sesgo político.
“Si el cuestiona el contenido y dice que tiene un sesgo político, lo primero que tiene que hace es demostrar… o él enunciar cuáles son los sesgos políticos de ese contenido”, subrayó.
Asimismo, deslizó la opción de que se estuviera ejerciendo una persecución si es que no se presentan pruebas concretas.
“En el fondo implica iniciar una especie de persecución a los funcionarios públicos que están cumpliendo una determinada actividad que está dentro, probablemente, de sus funciones”, sostuvo.
Por último, Griott recordó que como ANEF están dispuestos siempre a ayudar a los funcionarios que sientan sus derechos pasados a llevar.
“Nosotros estamos a disposición de los funcionarios, porque nuestra función es precisamente proteger los derechos de un funcionario (…) Si los funcionarios requieren un apoyo nosotros vamos a estar disponibles”, afirmó.
“En este caso nos parece que está amagado el derecho de un funcionario a ejercer su función pública sin que sean cuestionados personalmente, en la medida que no se compruebe cuál es el tipo de infracciones administrativas que eventualmente se pudieron cometer”, finalizó.
