La ministra vocera de Gobierno, Karla Rubilar, calificó como “un hecho extremadamente individualista y egoísta” el boicot de la Prueba de Selección Universitaria, condenando los hechos de violencia ocurridos durante los dos días de rendición de la prueba.
“La pregunta que nos tenemos que hacer es si finalmente la PSU es un bien público relevante que hay que proteger a través de leyes tan importantes como la Ley de Seguridad del Estado. Nosotros creemos que sí, que ese derecho que tenían los niños y niñas que se prepararon durante mucho tiempo, sus padres que pagaron el preuniversitario, que hicieron un esfuerzo para que ellos pudieran rendir una buena prueba merecen efectivamente que la Fiscalía investigue, y si encuentra evidencia, sancione con el máximo rigor de la ley a quienes impidieron ejercer este derecho”, argumentó la secretaria de Estado.
Afirmó que, previo a la rendición del examen, hubo mucho trabajo de coordinación para el mantenimiento del orden público y la seguridad fuera de los recintos, cuestionando a quienes protagonizaron el boicot dado que ya había cambios en curso para conversar hacia nuevos mecanismos de ingreso a las universidades.
Destacó en este sentido que a partir del próximo año el proceso de admisión estará en manos del Ministerio de Educación.
Consultada directamente sobre alguna responsabilidad del Gobierno, respondió que “si hay responsables de que haya más de 90.000 alumnos que no pudieron rendir la PSU como correspondía, son quienes llamaron al boicot y quienes ayudaron con violencia a tener que lamentablemente suspender las pruebas”.
Asimismo, sostuvo que debería discutirse en el Congreso qué sanciones deberían tener quienes impiden a otros estudiar.