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Entre las 21 recomendaciones que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) le sugiere a Chile en el informe de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), que se oficializó este viernes y concluyó que existió “un elevado número de violaciones graves a los DD.HH.” durante la crisis social, el organismo le aconseja al país adoptar cuotas de género y de pueblos originarios para el nuevo proceso constitucional y reformas a Carabineros para que no se transgredan derechos fundamentales de las personas.
En su recomendación número 19, el documento señala que Chile debe “asegurar que el proceso de elaboración de una nueva Constitución sea inclusivo, participativo y transparente, incluso garantizando la paridad de género (50% mujeres, 50% hombres) durante el proceso y la participación de los pueblos indígenas y todos los demás sectores de la sociedad. Los derechos humanos deben estar en el centro de este debate nacional”.
También, la instancia del organismo internacional, que preside la ex presidenta Michelle Bachelet, pide que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) —incluido el Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura— y la Defensoría de la Niñez, cuenten con los recursos adecuados para cumplir su mandato de manera efectiva en todas las regiones del país.
En el mismo documento también se recomienda que las personas puedan ejercer sus derechos de reunión pacífica y a la expresión durante manifestaciones, sin restricciones ni riesgos innecesarios o desproporcionados en contra de sus derechos humanos.
Además, la oficina de la ONU recomienda que se establezca un mecanismo de diálogo que incluya a todas partes interesadas para superar la crisis. Para esto, se debe tener presente “que incluya a la sociedad civil y a la academia, junto con representantes del gobierno y del sector privado, para identificar las causas estructurales de las protestas, en particular relacionadas con los derechos económicos y sociales y la discriminación, y recomendar acciones para abordarlos. Las recomendaciones de los mecanismos de derechos humanos de la ONU deberían enmarcar dicho diálogo“, detalla el texto en su punto 17.
Reforma policial
Respecto de la policía, la ONU sugiere que sigan las normas internacionales sobre el uso de la fuerza en todo momento y garantizar el uso de métodos no violentos antes de recurrir a armas menos letales, las que de se utilizadas acorde a leyes internacionales.
También, se pide poner fin al uso indiscriminado de las escopetas antidisturbios para controlar manifestaciones, “las que deben utilizarse solo con munición autorizada y conforme con los estándares internacionales”, expresa el texto.
Sobre el uso de gases lacrimógenos, el informe dice que debe ser excepcional y solo cuando sea estrictamente necesario y alejado de recintos educacionales y de salud.
En el mismo sentido, en el documento se enfatiza en que se deben tomar medidas inmediatas para prevenir heridas causadas por cartuchos de gas lacrimógeno, “incluidas instrucciones claras a los oficiales de Carabineros sobre su uso adecuado, como por ejemplo asegurarse que siempre se disparen en un ángulo pronunciado y nunca horizontalmente, de acuerdo con las normas internacionales”, dice el informe.
Punto cinco
En el punto cinco, el informe pide adoptar varias medidas con respecto a cambios al accionar de la institución de Carabineros.
Como por ejemplo, “impulsar reformas estructurales que asegurar la supervisión civil y el monitoreo independiente de sus actividades, fortaleciendo la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas como principios rectores”.
También plantea que se reformen los sistemas de registros de detención a fin de garantizar que “la información sea recopilada de forma íntegra, oportuna y de forma desglosada“, expresa. Asimismo, aconseja que dicha información de ser “fácilmente accesible para las instituciones autónomas de derechos humanos en el país y debe incluir datos sobre el uso de controles de identidad por parte de Carabineros -desglosada por edad y sexo-“.
La instancia además pide que la institución policial reciba capacitación de vanguardia -incluyendo una perspectiva de género- respecto a los derechos humanos, “en particular sobre el uso de medios no violentos para la gestión de asambleas y tácticas de reducción de hostilidades”, explica el documento.
A lo anterior, expresa que se deben incluir en sus regulaciones internas medidas específicas de protección para
personas y grupos discriminados, en particular para personas con discapacidad y garantizar que se utilice una identificación adecuada en todas las actividades relacionadas con la seguridad pública, lo que incluye cintas con los nombres e identificaciones en los vehículos.
Otros consejos
En el citado informe de la ONU, el organismo también le sugiere a Chile que el mantenimiento de la seguridad ciudadana esté primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles y se asegure que cuando militares excepcionalmente intervengan en tareas de seguridad, “su participación debe ser temporal y restringida, subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, regulada y fiscalizada por órganos civiles competentes”.
Además, se pide que las fuerzas de seguridad adopten medidas para garantizar la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones, asegurar que se cumpla el deber del Estado de investigar todas las denuncias en la materia y recomienda además que el Estado debe considerar si se deben adoptar medidas específicas para acelerar las investigaciones y los juicios, incluso, por ejemplo, asignando fiscales y/o jueces especializados en derechos humanos para abordarlos.
Bajo la misma perspectiva, la oficina que preside la ex Mandataria chilena aconseja garantizar que no haya impedimentos procesales para determinar la responsabilidad penal individual, como la defensa de la obediencia a órdenes de superiores. “Los responsables deben ser juzgados y castigados de forma proporcional de acuerdo a la gravedad de la violación. Los presuntos autores de violaciones graves de los derechos humanos deberían ser suspendidos de sus funciones durante el tiempo que dure la investigación”, explica el texto internacional.
En esa misma línea, la ONU pide asegurar que “las víctimas de violaciones de derechos humanos tengan acceso a un recurso fácil, rápido y efectivo en forma de procedimientos penales, civiles, administrativos o disciplinarios. Al ejercer este derecho, se les brindará protección contra la intimidación y las represalias. Asimismo, las víctimas deben tener acceso, sin cargo, a asistencia legal relacionada con las denuncias de dichos actos. Las víctimas deben ser reparadas de forma integral por las violaciones sufridas“.
