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Este viernes terminó su visita el equipo de cuatro personas de la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que desde finales de octubre ha estado analizando el actuar de los agentes del Estado y las autoridades nacionales frente a las manifestaciones ocurridas tras el “estallido social”.
En su comunicado, el equipo indicó haber escuchado “extensos testimonios, muchos de ellos perturbadores”, durante su investigación a lo largo de 7 regiones del país (Antofagasta, Araucanía, Bío Bío, Coquimbo, Maule, región Metropolitana y Valparaíso).
Durante su visita, acudieron a comisarías, cárceles y hospitales, asegurando que “las autoridades proporcionaron acceso sin restricciones para dichas visitas”.
“El equipo ha revisado alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes de orden y seguridad en el contexto de protestas; reportes de malos tratos en detención, incluyendo abusos y violencia sexual; alegaciones de vulneraciones a derechos durante la privación de libertad; información sobre acceso a la justicia y rendición de cuentas; la afectación a grupos específicos, y sobre las demandas subyacentes que han desencadenado las protestas”, explicaron, agregando que también han revisado información sobre “actos de violencia contra fuerzas de seguridad y destrucción de la propiedad, entre otros temas”.
Para ello, se reunieron con autoridades de los poderes Ejecutivo y Judicial, de Carabineros, del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez, así como más de 300 integrantes de la sociedad civil, entrevistando a más de 230 víctimas, incluyendo detenidos y heridos -esto último, tanto civiles como uniformados- durante las protestas.
“Después de haber escuchado extensos testimonios -muchos de ellos perturbadores- y de haber obtenido información de las autoridades y la sociedad civil, la Oficina de Derechos Humanos de la ONU estará trabajando en un análisis detallado sobre la información recibida de acuerdo a la metodología estándar de la Oficina”, informaron.
Con esta información, se publicará un informe que incluirá recomendaciones para el Gobierno, en un plazo de entre 2 y 3 semanas. Mientras tanto, la oficina regional se mantendrá en Santiago monitoreando el avance de la crisis.
Entre tanto, la Oficina llamó a las autoridades a “asegurar que las manifestaciones sean gestionadas con pleno respeto al derecho internacional de los derechos humanos, sus normas y estándares, y que todas las posibles violaciones pasadas, presentes o futuras –incluido en el contexto de protestas y en centros de detención- sean investigadas plenamente”.
