La subsecretaria de Derechos Humanos, Lorena Recabarren, rechazó tajantemente el informe de Amnistía Internacional, en que acusó graves violaciones a los Derechos Humanos tras el estallido social que derivó en protestas que ya llevan más de un mes.

En su informe, presentado este jueves, se cuestiona el actuar de las fuerzas militares y de orden, las armas y municiones ocupadas, discrepando con la defensa que ha hecho el Gobierno del actuar de los agentes del Estado durante las manifestaciones y los hechos derivados de éstas.

“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes” indicó en el informe la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara.

Con motivo del reporte, la representante del Ministerio de Justicia aseguró que el organismo internacional no solicitó información al Gobierno por los hechos que investigaba.

“El gobierno rechaza categóricamente el último informe de Amnistía Internacional, el que sin siquiera solicitar información al Gobierno, pretende establecer la existencia de una política deliberada para dañar a los manifestantes”, afirmó, asegurando que “la única política que ha tenido el Gobierno es la del resguardo y protección de los derechos humanos, que ha sido desde el primer día declarada y reiterada por todas las autoridades de Gobierno”.

En esta dirección, sostuvo que “el informe que hemos conocido hoy lamentablemente incluye aseveraciones irresponsables sin el respaldo correspondiente, desconociendo el adecuado funcionamiento de las instituciones democráticas, el imperio del Estado de Derecho, y los esfuerzos desplegados por el Estado para proteger los derechos humanos”.

La subsecretaria argumentó que en Chile todas las instituciones del Estado funcionan con total independencia, y que todos los casos denunciados están siendo investigados por la Fiscalía, para ser juzgados por el Poder Judicial.

“El Gobierno reitera su absoluto compromiso con la verdad y la justicia, manifestando su solidaridad y asistencia a las personas que han sufrido los efectos de la violencia y condena toda vulneración a los derechos de las personas. Como señaló el Presidente de la República, no habrá impunidad”, afirmó.