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El Instituto Nacional de Derechos Humanos reportó que esta mañana que se alcanzó un total de 120 acciones legales presentadas ante la justicia, por las violaciones a los derechos humanos registradas en Chile desde la semana pasada.
Dentro de las 120 acciones legales, 106 querellas son de distinto tipo; cinco son por homicidios cometidos por agentes del Estado; y 94 son por tortura, de las cuales 18 tienen una connotación sexual.
“Esa es la gravedad de la situación”, advirtió Rodrigo Bustos, jefe jurídico del INDH, agregando que “aquí ha habido graves violaciones de derechos humanos” y que, hasta hoy, “de las situaciones observadas directamente por el INDH, constatamos más de 3500 personas detenidas desde el 17 de octubre. De ellas más de 1100 han sido heridas, y de estas casi 600 están lesionadas por armas de fuego de distinto tipo”.
En un año normal -como 2018-, el INDH presentó 80 querellas por tortura. Sólo en estos últimos 10 días, el INDH ha presentado 94 querellas por tortura. La observación del INDH se ha llevado a cabo a través de la constatación directa que hacen sus funcionarios en centros de salud, comisarías, y manifestaciones.
Amnistía Internacional llega a Chile
Este balance se dio tras una reunión con un equipo especial de crisis de Amnistía Internacional, que llegó este lunes al país para esclarecer casos de vulneraciones a los derechos fundamentales.
Finalizada la reunión el organismo internacional declaró que “nunca pensábamos que un contexto así se podría dar en Chile”.
El jefe jurídico del INDH detalló que el organismo internacional “es una organización importante en materia de DD.HH. y, por lo tanto, también le estamos prestando colaboración con la información y antecedentes que tenemos con las violaciones que han ocurrido en estos días”.
En tanto, Pilar Sanmartín, investigadora de Crisis para Amnistía Internacional, explicó que “este equipo (de crisis) reacciona en circunstancias excepcionales. En los últimos años hemos atendido las crisis de Nicaragua, Venezuela, las desapariciones forzadas en México, y represión en Honduras. Nunca pensábamos que un contexto así se podría dar en Chile. Los indicios que tenemos es que lo que ha sucedido respecto de la actuación del Estado es grave”.
