Justo cuando el vacío de poder en Chile comienza a transformarse en titular mundial, puesto que se refleja a un presidente de la República respondiendo con carabineros y militares, La Moneda trabaja en una agenda rápida que pueda bajar la tensión y con ello la crisis profunda que se desató la semana pasada.
Para esto las ideas que se barajan dentro del gobierno es un cambio de gabinete. Para esto se analiza que el ministro del Interior y Seguridad Pública, Andrés Chadwick, deje su cargo, ya que es él el responsable de la seguridad en el país, situación que no pudo controlar, por ende, es el responsable político directo. De hecho, reconocen en Chile Vamos que una acusación constitucional posterior podría botarlo de su cargo.
Esto, de materializarse, sería un duro golpe para Sebastián Piñera, puesto que es el hombre de mayor confianza en la administración gubernamental. Quién llegaría a ese puesto, es la duda de muchos.
El segundo ministro que se analiza deje su cargo por responsabilidad política es la ministra de Transporte y Telecomunicaciones, Gloria Hutt. A ella, al igual que Susana Jiménez que estuvo a cargo de Energía cuando no alertó sobre el cobro de medidores, se le responsabiliza por no haber tenido el tino político para evaluar lo que ocurriría con el aumento del metro.
El ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine, es otro de los candidatos a dejar el gabinete. Si bien llegó hace unos meses desde Obras Públicas, su salida apuntaría a una señal política que no tendría tantos efectos dentro de Chile Vamos. Sin embargo, no son pocos dentro del gobierno que creen que el titular de Hacienda, Felipe Larraín, ha sido “desubicado e irresponsable” en sus declaraciones, las mismas que incluso se han usado en las protestas para evidenciar el distanciamiento de la clase media con el gobierno. Una de sus frases fue cuando mandó a los chilenos a comprar flores porque estaban más baratas.
Con todo, el presidente Sebastián Piñera sabe que un cambio de gabinete no le alcanza para recuperar el control y lograr sortear la grave crisis, la más grave desde el regreso a la democracia. Por ello es que la agenda legislativa comenzó a ser una urgencia, algo que públicamente no han reconocido.
De hecho, el jefe de Estado citó a la ex Nueva Mayoría y a Revolución Democrática para presentarles una lista de 7 puntos considerados prioritarios y que forman parte de la demanda de las miles de personas que han salido a marchar.
De ellas está acelerar la reforma a las pensiones que ingresó al Congreso. Para esto se espera un acuerdo rápido cosa que en los próximos meses esté aprobado en el parlamento. También en la lista está el sueldo mínimo, el cual se reajustará de forma rápida; eliminar el IVA a los medicamentos, medida ampliamente respaldada.
Paralizar el alza del transporte en general y la electricidad, dos puntos que si bien el primero está en marcha, el segundo necesitaría un proyecto de ley que quedaría en manos del ministro de Energía.
Sobre la reformas políticas, estaría el proyecto que disminuye el número de los parlamentarios y revisar el sueldo de los altos funcionarios del Estado, incluyendo a los ex presidentes.