La mañana de este jueves se ingresó la acusación constitucional en contra de la ministra de Educación, Marcela Cubillos.

Once diputados, liderados por el jefe de bancada del Partido Socialista, Manuel Monsalve, llegaron hasta la oficina de partes del Congreso, donde ingresaron el libelo acusatorio firmado por todos ellos.

De inmediato se dará cuenta ante la Sala de la Cámara de Diputados, postergando la conformación de la comisión investigadora para el próximo martes.

De ese modo, la acusación comenzará a ser vista la primera semana de octubre.

Al respecto, Cubillos sostuvo que “se han puesto diferencias políticas dentro de infracciones constitucionales que no lo son”.

Contenido de la acusación

En concreto, la acusación que persigue el PS tiene cinco capítulos y el primero dice relación con la infracción a la Constitución y a las leyes en relación a la vulneración del principio de probidad y su dimensión de falta de probidad y su dimensión de falta de veracidad en cuanto a la implementación del Sistema de Admisión Escolar (SAE) en la región Metropolitana.

En segundo lugar, aseguran que otro argumento para acusarla constitucionalmente son las faltas al respeto y la protección de la vida privada y datos personales en base a los masivos correos electrónicos enviados por la titular de la cartera promocionando el proyecto Admisión Justa, que buscaba reinstalar la selección en colegios de excelencia, iniciativa que fue rechazada por la Cámara de Diputados.

En su tercer capítulo, la acusación punta que Cubillos no ejerció un control jerárquico permanente sobre los órganos sometidos a su dependencia objeto de adecuada implementación de la Ley 21.040, con lo cual se infringió los deberes de actuación consagrados en la Ley base sobre eficiencias, eficacia y coordinación.

En su cuarto punto, se apoya en que se habría dejado sin ejecución las leyes por omisión del incumplimiento de las obligaciones ministeriales en materia de ejecución presupuestaria en servicios locales de educación y déficit durante la implementación de la Ley 21.091 de Educación Superior y 21.094 de Universidades del Estado.

Aquello dice relación, específicamente, con cómo se ha ido gastando el presupuesto respecto de las diferentes leyes implementadas en Chile.

Finalmente, en su capítulo cinco, se indicó que Cubillos podría ser acusada constitucionalmente en relación con una omisión del deber de la denuncia exigible a todo funcionario público a partir de los hallazgos de informes de auditorías y ausencia de medidas en materias por omisión de cumplimiento de obligaciones ministeriales.

Aquello por las auditorías ordenadas por la misma Cubillos en diciembre de 2018 respecto de cuatro servicios locales de educación y la Dirección Nacional de Educación donde se registraron irregularidades, las que fueron entregadas al Consejo de Defensa del Estado y al Ministerio Público.