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A las 09:00 horas de este jueves se inició la audiencia de formalización del general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, en el 7mo Juzgado de Garantía de Santiago, instancia en la que se detalló su presunto actuar entre 2010 y 2014 y se le aplicó la medida cautelar de arraigo nacional.
En concreto, el Ministerio Público formalizó una investigación como presunto autor de lavado de activos al ex comandante en jefe del Ejército, tras cuatro años de indagatorias.
Todo esto ocurre en paralelo a la causa que lleva la justicia militar, en la que fue procesado el 14 de febrero por malversación de caudales públicos, ocasión en la que se determinó su reclusión en el Regimiento de Policía Militar de Peñalolén.
En la instancia, el fiscal José Morales metropolitana Centro Norte precisó que el perjuicio fiscal por alcanza los 2.980 millones de pesos al año 2014.
Respecto del lavado del dinero, fue distrubuido en ocho cuentas bancarias nacionales e internacionales -de él o su cónyuge- y 17 tarjetas de crédito.
Asimismo, comenzó a invertir en fondos mutuos e introdujo montos en distintos sistemas financieros. También movió dinero entre sus propias cuentas, para alejarlos del origen.
El persecutor detalló que se produjeron depósitos en sus cuentas en efectivo en pesos y dólares, los que tienen origen desconocido y no tienen comprobante.
Compra de vehículos
Morales detalló que 90 millones de pesos fueron destinados a la compra de automóviles, utilizando Gastos Reservados por el Ejército para pagar las cuotas de tarjetas de crédito.
“Evitaba inscribir inmediatamente en el registro de vehículos para ocultar”, detalló el fiscal.
Asimismo, se mencionó que los vendía a corto plazo y a un precio mayor, siendo que los vehículos sólo se devalúan.
En concreto, las transacciones tendían a ocultar su incremento patrimonial, el cual no tenía alguna justificación lícita. Para ello, habitualmente, utilizaba una tarjeta Master Card.
Además, Fuente-Alba es acusado de obtener vehículos a través de testaferros. Por ejemplo, uno de los vehículos fue inscrito a nombre de su hijo.
Créditos y tarjetas
El general obtuvo cinco créditos no hipotecarios, los cuales fueron abonados durante el periodo normal de pago. Sin embargo, quedó una diferencia de 51 millones de pesos que no fue cancelada mediante sus ingresos justificados, sino que con Gastos Reservados, ya que no existe morosidad.
“Fueron realizados para aumentar considerablemente su patrimonio…le permitieron contar con fondos para realizar nuevas inversiones”, sostuvo Morales.
Respecto de las 17 tarjetas de crédito analizadas (dos de su esposa), se detectó una facturación por 247 millones de pesos, de los que sólo 117 millones fueron pagados con fondos de su cuenta corriente. El resto, 112 millones de pesos, correspondería a Gastos Reservados.
Además, se facturaron 242 mil dólares, de los que 224 mil fueron pagados por caja, es decir, sin un origen conocido.
Por ello, Morales explicó que esta fue la “modalidad de pago de forma habitual durante todo el tiempo analizado. No utilizaba efectivo, sino que luego pagaba por caja”.
Asimismo, en la instancia se detalló que el general (r) Fuente-Alba compró propiedades en la región Metropolitana, los que posteriormente vendió a sus propios hijos para ir ocultando el origen de los recursos.
“Los movimientos permitieron un importante incremento patrimonial”, concluyó el persecutor, añadiendo que se detectaron fondos sin justificación.
En detalle, se registraron gastos no justificados por más de 422 millones de pesos y 141 mil dólares.
Solicitud de prisión preventiva
Tras la exposición de los hechos, el fiscal Morales solicitó la prisión preventiva para Fuente-Alba, sin embargo, el juez afirmó que no es momento de discutirlo, puesto que ya se encuentra bajo arresto por orden de la Fiscalía Militar.
En ese sentido, el magistrado argumentó que, en caso de que quede en libertad, habrá tiempo suficiente para solicitar una audiencia de revisión de las medidas cautelares.
Por ello, sólo quedó con arraigo nacional y se fijó un plazo de investigación de seis meses.
Defensa afirma inocencia
Tras la audiencia de formalización, el abogado defensor de Fuente-Alba, Maximiliano Murath, señaló que su representado ya se encuentra en un régimen privativo de libertad, por lo que se garantiza su presencia ante los tribunales.
Asimismo, desestimó los informes de la Policía de Investigaciones, argumentando que “hay errores tan grotescos como que en el mismo ítem se cambien los números. Se omiten compraventas antes del periodo investigado”.
Junto con ello, Murath aseguró que el exmilitar es inocente y que los procedimientos de la justicia civil “da las garantías al debido proceso”.
