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La Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Chile publicó un mapa de abusos por parte de religiosos, que incluye a acusados de abuso sexual y encubrimiento, registrando más de 230 casos. La orden de los Salesianos lidera la lista con la mayor cantidad de denuncias, seguidos por los Maristas y los Jesuitas.
La base de datos, que se irá actualizando periódicamente, se basa en la información que hicieron llegar las propias víctimas y los antecedentes entregados por la Iglesia Católica.
Las referencias da cuenta de dos cardenales involucrados, Francisco Javier Errázuriz y Ricardo Ezzati, acusados como encubridores. Además aparecen seis obispos, 35 autoridades eclesiásticas, 146 sacerdotes, 37 hermanos y hermanas, 5 diáconos, 3 capellanes y 9 laicos.
Dentro de las órdenes religiosas con más denuncias, los Salesianos aparecen liderando con 27 denuncias, seguidos por los Hermanos Maristas con 26 y los Jesuitas con 24.
La iniciativa fue realizada y financiada íntegramente por víctimas de abuso sexual, quienes emplazaron al Estado a hacerse cargo del proceso de verdad, justicia y reparación de estos casos.
El mapa completo está disponible en www.redsobrevivientes.org
Además instaron al presidente Sebastián Piñera a concretar la comisión de verdad que le solicitaron en agosto del año pasado. De no tener respuesta, uno de los voceros de la Red, Helmut Kramer, anunció que acudirán a organismos internacionales.
“Queremos creer que el Estado va a asumir de una vez por todas ese rol, y se va a desligar de los lazos que mantiene con Iglesia Católica y va a poder concretar esta comisión. Pero si no, tenemos todos los fundamentos jurídicos internacionales como para ir a cortes internacionales”, señaló.
Otro de los voceros, Jaime Concha, dijo esperar que en el Congreso se encuentren fórmulas para dar asistencia a las víctimas. En ese sentido, llamó al administrador apostólico de Santiago, Celestino Aós, a pasar de las palabras a los hechos.
“Hay que tratar en la discusión en la Cámara de Diputados buscar la posibilidad de que al menos para las víctimas, tengan derecho a tener apoyo en el ámbito de la salud mental, y puedan tener acceso a una reparación económica”, sostuvo.
“Llamamos al nuevo administrador apostólico que pase de las declaraciones a los hechos concretos”, sentenció.
Al lanzamiento del mapa sólo asistieron los diputados Gabriel Silber (DC) y el humanista, Tomás Hirsch. Este último se mostró optimista de cara a la discusión del proyecto que está en Sala y que busca obligar a la iglesia a denunciar a la justicia estos casos. Además, consideró que se debe avanzar en penas mayores a quienes cometen estos delitos.
“No es posible que la autoridad eclesiástica hasta acá haya sido juzgadas por una justicia paralela, es totalmente incomprensible que hayan tenido una virtual impunidad e inmunidad al estar en una situación de superioridad jerárquica”, cuestionó.
“Deben estar sometidos a penas muchísimo más altas que el común de los ciudadanos, por el delito que cometen”, aseguró el parlamentario opositor.
Recordemos que el pasado 23 de marzo el arzobispo español Celestino Aós se convirtió en el nuevo administrador apostólico de la arquidiócesis de Santiago, en reemplazo del influyente cardenal Ricardo Ezzati, removido del cargo por estar involucrado en el encubrimiento de abusos sexuales a menores.
Las revelaciones de varios escándalos de pederastia cometidos por sacerdotes sacudieron en el último año a la Iglesia chilena, incluido al cardenal y exarzobispo de Santiago, Ezzati.
Pese al cerco judicial, el papa Francisco mantuvo a Ezzati en el cargo hasta que la Corte de Apelaciones rechazó la demanda del religioso para excluirlo de la causa.
El Ministerio Público tiene abiertos actualmente 158 casos de denuncia de abuso sexual en contra de miembros de la Iglesia, que involucran a 241 víctimas, de las cuales 123 eran menores de edad en el momento de los hechos.
La iglesia chilena fue condenada además a indemnizar con $450 millones a tres víctimas de abusos sexuales perpetrados por el exsacerdote Fernando Karadima, protagonista del caso que sacó a la luz la cultura de abusos del clero que el papa Francisco se comprometió a acabar.
