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Ayer jueves, la ministra en visita Romy Rutherford ordenó la detención preventiva del excomandante en jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba (65 años), al mando de la institución entre 2010 y 2014.
Lo anterior, a raíz de la indagatoria -denominada Caso Pasajes- que lleva adelante la persecutora contra el militar en retiro por la presunta gestión irregular de viáticos y compras de pasajes al extranjero -para uso personal- de altos oficiales del Ejército en medio de comisiones de servicio.
Dicha investigación forma parte de la arista por eventual fraude al Fisco con la Ley Reservada del Cobre.
La determinación se concretó luego que el miércoles declarara ante Rutherford por más de 10 horas, donde tuvo que explicar el aumento de su patrimonio en una cifra cercana a los 7.000 millones de pesos.
El abogado Cristián Cruz, por su parte, señaló que era necesaria la detención de Fuente-Alba y agregó que el país tiene claro que ya no puede confiar en los ex altos mandos.
Y su generalización no parece ser gratuita. Desde Augusto Pinochet (1973-1998) en adelante, con excepción de Ricardo Izurieta (1998-2002), todos los comandantes en jefe del Ejército han sido requeridos o apuntados por la justicia.
Juan Emilio Cheyre (2002-2006)
“¿Excusa el escenario de conflicto global ya descrito las violaciones a los derechos humanos ocurridas en Chile? Mi respuesta es una e inequívoca: no. Las violaciones a los derechos humanos nunca y para nadie pueden tener justificación ética”.
Con esas palabras, en 2004, Cheyre se encumbró como el general del “nunca más”, por medio de una columna en La Tercera, titulada “Ejército de Chile: el fin de una visión”.
Pero esa imagen cambió radicalmente en noviembre de 2018, cuando el ministro en visita, Mario Carroza, sentenció al ex comandante en jefe del Ejército a 3 años y 1 día de libertad vigilada por el encubrimiento de 15 homicidios calificados en el denominado Caso Caravana de la Muerte en 1973, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
A ello se suma una nueva causa del ministro en visita Vicente Hormazábal, que lo procesará -junto a otros dos generales- como presunto coautor de la “aplicación de tormentos” a 24 presos políticos de La Serena, tras el golpe militar de 1973.
Óscar Izurieta (2006-2010)
En total, 584 oficiales y suboficiales de la institución son potenciales imputados en una indagatoria que poco a poco comenzó a tomar fuerza durante 2018, denominada Caso FAM.
Aunque tuvo un inicio incipiente: las sospechas de fraude en el Fondo de Ayuda Mutua (FAM) comenzaron gracias a una auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), que detectó gastos improcedentes por 660 millones de pesos en las instalaciones del Ejército en Coyhaique.
Ahí salieron a la luz viáticos adulterados, comisiones de servicios falsas, gastos de representación irregulares y pagos por servicios inexistentes que tenían su origen en una inusual forma de recompensar a los beneficiarios del FAM de oficiales y suboficiales, que se encontraba en quiebra.
Entre ellos, los antecedentes apuntan al general en retiro Óscar Izurieta, que cuando se enteró en 2006, al asumir el mando, comenzó a buscar una solución. Así, en 2008, según admitió en su declaración como testigo a Fiscalía el pasado 25 de octubre, inició el desvío de recursos presupuestarios -cuyo modelo se mantuvo vigente hasta 2016- y decidió devolver parte de la plata a través de viáticos y trabajos que nunca se realizaron: enviando a los afectados a la Misión de Paz en Haití, extendiendo el cese de sueldos tras el retiro o manteniendo a los suboficiales hasta el máximo permitido, entre otros métodos.
“Nunca, respecto de la implementación de estas medidas, ordené ponerlas por escrito, ya que estaba dentro de las facultades del Comandante en Jefe del Ejército y de cada unidad”, reconoció en su conversación con el fiscal Miranda.
Humberto Oviedo (2014-2018)
A raíz del mismo Caso FAM, aunque sin que le impute cargo alguno, Oviedo fue citado a declarar como testigo por la investigación por el presunto fraude del Fondo de Ayuda Mutua del Ejército.
“En el año 2014, cuando recibo el mando del Ejército de manos del general Fuente-Alba, no se me entregó información referente al FAM ni nada asociado a aquel, sin ser uno de los temas que mereciera la importancia como otros que sí lo tenían en aquel momento”, declaró el 29 de octubre pasado.
En 2017, recién tomó conocimiento de los pagos anómalos por servicios no prestados, una vez que la Contraloría requirió información y una auditoría a la Cuarta División con asiento en Coyhaique. “Tal situación la desconocía en absoluto”, indicó.
Por su parte, a fines de diciembre de 2018 respondió por el Caso Pasajes ante la ministra Romy Rutherford, quien lo inculpa por su presunta implicación en el uso de viáticos ilegales.
Ricardo Martínez (2018-actualidad)
En el marco de ese mismo caso, en el período en que Martínez se desempeñó como subjefe del Estado Mayor (2014-2015) con el grado de general de brigada, registró 30 viajes a distintas regiones del país y al extranjero, con destino a Estados Unidos, África, Europa y América Central.
El costo de estos viajes fue de 120 millones de pesos, incluyendo el pago de viáticos y los tickets aéreos.
Por su parte, en noviembre pasado, se filtró el audio de una reunión privada que sostuvo con cerca de 900 oficiales, donde señaló que conocía información sobre nexos entre oficiales y el crimen organizado.
En particular, apuntó a la compra legal de armas de miembros del Ejército para luego venderlas a narcotraficantes. Tras la divulgación de sus declaraciones, fue citado por el ministro de Defensa, Alberto Espina; a las comisiones de Defensa del Congreso; y ante el fiscal Raúl Guzmán, para detallar los presuntos antecedentes sobre venta ilegal de armas.
