Revelan que Piñera consiguió 800m2 de playa mediante concesión marítima en el Lago Caburgua

La polémica que protagonizó la semana pasada el presidente de Gasco, Matías Pérez Cruz, abrió el debate respecto al acceso a las playas en el mar, ríos y lagos.

Tras la divulgación del video en que el ejecutivo increpó a tres mujeres que se encontraban descansando en las orillas del Lago Ranco, en un espacio que él consideraba propiedad privada, el propio ministro de Bienes Nacionales salió a aclarar la pugna. “En Chile todas las playas son públicas, no existe el concepto de playas privadas”, remarcó el titular de la cartera, Felipe Ward.

Y en términos generales el secretario de Estado tiene razón. Aunque existen mecanismos para que privados puedan solicitar una concesión marítima que les permita administrar lo que podría considerarse una “playa privada” por un periodo determinado. En general aquello suele hacerse con fines productivos. Y si bien no es común, no es un impedimento -ni menos ilegal- que la solicitud sea efectuada con propósitos particulares.

De acuerdo a antecedentes publicados por El Dínamo, bajo este modelo fue que el presidente Sebastián Piñera se apoderó de más de 800 metros cuadrados de playa en el Lago Caburgua, en La Araucanía, contigua al recinto donde tiene una propiedad y que, justamente, ocupó para pasar sus vacaciones.

La parte más compleja de la tramitación la realizó durante su primer mandato (2010-2014), a partir de abril de 2011, mediante un “Anteproyecto valorizado de las obras de concesión marítima” para el sector Renahue, en el kilómetro 2.4, con el objeto de “dar apoyo náutico a una propiedad mediante la regularización y uso de mejoras fiscales consistentes en 2 rampas, un hangar, una cancha de tenis, un muro, acceso a la playa, vereda, terraza, una losa (con quincho) y muros, con una vigencia de 10 años”.

“Las obras a mejorar realzan el encanto natural del sector, lo que nace de la iniciativa por parte del solicitante de regularizar las instalaciones existentes”, sostiene el texto. De este modo, la solicitud admite directamente que dicho espacio había sido ocupado desde 2001 de forma ilegal. Peor aún, un informe técnico remarcó que las primeras obras se instalaron irregularmente en 1990.

A partir de abril, el proceso de regularización avanzó rápido. El 24 de junio y el 8 de julio de 2011 la Capitanía de Puerto de Villarrica emanó dos informes aprobando la solicitud del que -en ese entonces- también era Presidente en ejercicio.

Para la elaboración fue consultada la Gobernación Marítima y la Dirección de Intereses Marítimos y Medio Ambiente Acuático (Dirinmar), ambas bajo el alero del Departamento de Asuntos Marítimos dependiente del Ministerio de Defensa Nacional, liderado en ese entonces por el actual senador, Andrés Allamand (RN).

De acuerdo al sitio web, por el camino también se requería el permiso de autoridades locales, que incluso llegó antes de la solicitud de concesión. El director regional de Turismo de la época, Sebastián Álvarez, emitió su voto favorable el 3 de enero de 2011. En la misma línea lo hizo el seremi de Obras Públicas de La Araucanía, Ernst Rendel, el 26 de enero de 2011.

Tras ese camino, el proceso ya estaba listo para su aprobación final, pero se suspendió y recién seis años más tarde, en junio de 2017 durante el gobierno de Michelle Bachelet, fue emanado el decreto supremo que otorgó la concesión marítima a Piñera.

En tanto, el Ministerio de Defensa, liderado entonces por Jaime Campos (PR) al cierre de la segunda administración de Bachelet, finalizó su trámite por completo el 17 de octubre de 2017.

“Playa privada”

Así describía Piñera ante las autoridades las obras que había desarrollado en el lugar, que totalizaban 879,61 m2 de playa, con una serie de obras entre las aguas mínimas y máximas: el límite que determina -en relación a la variación del nivel del lago- cuál es el límite entre la propiedad privada y la de uso público.

“¿Qué es lo raro acá? que quienes normalmente piden este tipo de concesiones son empresarios para instalar un hotel, los pescadores con el fin de instalar algo para guardar los motores de sus embarcaciones, algún tipo de restaurante… es para fines productivos. No es para mi uso particular, es para un proyecto. El uso recreativo es posible, sí. Pero es más común que sea para uso productivo”, remarcó Mario González, asesor legislativo en la Cámara de Diputados y parte del equipo que elaboró la Ley de Espacio Costero Marino de Pueblos Originarios.

“Se podría decir que el Presidente tiene una playa privada mediante el mecanismo de una concesión marítima. Aquí se pone en cuestión la aprobación de una concesión para fines particulares. Y si bien no está limitado en la ley, es muy poco común este caso. La ley está puesta en otra lógica, en la de uso productivo. Y cuando se habla de uso recreativo también es productivo; de turismo, no es para uso personal. Es para algo que yo pueda cobrar entrada, por ejemplo”, explicó.

Aunque, Patricio Herman, presidente de las fundación Defendamos Ciudad, realizó un análisis mucho más crítico de la situación: “Aquí alguien le otorgó al Presidente una concesión para que use a sus anchas un bien nacional de uso público. Eso es un abuso de poder, nada más que eso. Las concesiones son para explotaciones comerciales, no para usos privados. Además, por muchos años estuvo ocupando de forma ilegal este espacio y para salir de eso lo regulariza a través de una concesión. Pero estas no son para disfrutar del lago con traje de baño. El Estado concesiona autopistas, hospitales, cárceles… actividades mercantiles, no para pasarla bien en la orilla de los lagos”, aseguró.