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“Ningún concejal viaja sin claridad a lo que va”, dijo uno de los concejales más cuestionados por sus viajes al extranjero. Se trata de Cristián Zavala (DC), quien viajó 13 veces entre 2012 y 2016, financiado por el municipio de Camarones, una desértica comuna que obtuvo conexión eléctrica -recién- el año pasado, según afirmó el alcalde Iván Romero.
No obstante, la Contraloría General de la República (CGR) encendió la alerta y objetó, en 28 comunas, más de $600 millones en viajes de ediles y alcaldes financiados por los municipios, según indica El Mercurio.
El concejal ya había viajado a Europa y Sudamérica. Visitó ciudades como Roma, París, Barcelona, Lima, Río de Janeiro, Montevideo y Medellín. Sus colegas tampoco se alejaron: desde la UDI hasta el Partido Radical, sus destinos llegaron a Varadero, La Habana, Ushuaia, Panamá y Cancún.
Todos estos viajes le costaron al pequeño municipio de Camarones más de $240 millones: “una buena inversión para la comuna”, aseguró Zavala.
Objeción
Esto ocurre por una reforma que se hizo en 2014 a la Ley Orgánica de Municipalidades (Ley Nº 18.695), que da atribución al organismo a financiar capacitaciones a concejales con objetivos de gestión municipal.
Por su parte, la CGR inició en enero una causa por presunto fraude al fisco, pero que no ha sido fructífera, pues no ha habido mucha colaboración del municipio, según afirmó la abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Ana Cortés.
Así, en julio se abrió un juicio ante el tribunal de cuentas tras formular reparos, con lo que esperan que se retornen los dineros a la Municipalidad, pese a que algunos ya fueron reintegrados.
Se salva una
El caso de Zavala es uno entre 29 auditorías que realiza la Contraloría por viajes de alcaldes y concejales. En total, son $632 millones que se están objetando, por tratarse de viajes que nada tenían que ver con gestión municipal y que, además, se realizaron en períodos administrativos anteriores.
Algunos de estos viajes incluyen capacitaciones como “Solución para el pie diabético e innovación en turismo”, al que acudieron dos concejalas de Montepatria, que costó $9 millones para la comuna fronteriza de la región de Coquimbo. Y poco tiempo después, ninguna edil fue reelegida.
En Arica, concejales fueron a Japón e Israel “a capacitarse en planificación ante catástrofes“. Sin embargo, el alcalde Gerardo Espíndola acusó de recibir “un plan desactualizado y estamos gestionando recursos ante la Subdere para ponerlo al día”.
La Contraloría le está objetando al municipio de Arica $71,7 millones por viajes al extranjero y enfrenta un juicio de cuentas. Es la segunda comuna en el ranking, y se ubica después de Camarones. Le sigue Concepción, con casi $30 millones invertidos.
Importar tulipanes desde Turquía fue el resultado de una gira de $24 millones que realizó el alcalde de Cabrero, Mario Gierke, junto a dos concejales, a Egipto, Grecia e Italia, pero que fue desviada a Estambul sólo por la complicada situación que se vivía en El Cairo por la Primavera Árabe.
“Todos viajan porque la ley lo permite. Uno va a conocer realidades distintas y ello se apega a la norma”, sostuvo Gierke, cuyo municipio tiene más de $24 millones objetados por la CGR.
“La ley permite capacitarnos y si no está en Chile esa formación, voy a donde me la den”, se defendió también el concejal Eugenio Trincado (DC), que se niega a devolver $14 millones en seminarios sobre urbanismo y gobernabilidad en las ciudades turísticas de Medellín y Toledo.
De todos los municipios investigados, sólo uno se salvó de tener viajes objetados. Quillota destinó $7,1 millones para que el alcalde y dos acompañantes acudieran al “Primer Diálogo Global sobre la Felicidad” en Dubai y a un encuentro de municipios en Mendoza, que fue aceptado por la CGR.
La Contraloría, además de verificar formalidades legales, vela por que los recursos públicos se utilicen en lo que respecta la ley, pero además, que los frutos de la capacitación levanten proyectos futuros en las localidades.
