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El gobierno presentará este miércoles el “Plan Humanitario de Regreso Ordenado” para migrantes haitianos que se encuentren en situación regular o irregular en Chile.
Pero la comunidad residente está preocupada y no tardaron en lanzar sus críticas. La iniciativa pretende trasladar a migrantes haitianos hacia su país, solos o como grupo familiar, utilizando los aviones de la Fuerza Aérea.
Sin embargo, para acceder al programa deben firmar una declaración ante notario solicitando voluntariamente el traslado hacia Haití y aceptando la prohibición de regresar a Chile por nueve años.
No es el único punto controvertido. Los migrantes que tengan cónyuge, conviviente civil o hijos, deberán abandonar el país como grupo familiar, sin poder optar por una salida individual.
Line François, representante de la Organización Sociocultural de los haitianos en Chile (Oschec), cuestionó la medida y acusó que el programa es una deportación encubierta. “La prioridad no es mandar a la persona a su país. Es una forma de deportación. No es un tema de buena voluntad”, remarcó.
De paso, la comunidad haitiana aseguró que con el inicio de las fiscalizaciones hacia los migrantes el Ejecutivo estaría empujando la decisión de hacerlos volver a su país.
El diputado UDI Renzo Trisotti, parte de la comisión de Gobierno Interior de la Cámara, desestimó las críticas e insistió en que se trata de un proceso voluntario.
“Hablar de deportación implica una obligatoriedad y en este caso cada una de las personas tiene que manifestar expresamente su voluntad de retornar a su país”, aseguró.
Sin embargo, el vocero de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, Rodolfo Noriega, insistió en que carece de voluntariedad y que “en realidad es una expulsión encubierta”.
En tanto, la diputada del PPD, Andrea Parra, también integrante de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, señaló que es necesario establecer claramente las condiciones en que se implementará esta iniciativa.
“Lo que no puede ocurrir es que de una manera engañosa se intente sacar a personas del país y que no comprendan bien lo que significa salir en ese plan de retorno”, subrayó.
“Más delincuencia para el Estado”
Pese a los reclamos, la propuesta surgió en agosto pasado a raíz de la solicitud de la misma comunidad haitiana, que durante una sesión de la Comisión de Gobierno Interior de la Cámara, pidió la ayuda del Estado de Chile para poder acceder a un regreso.
Acto seguido, aquello derivó en un encuentro en La Moneda donde el Ejecutivo se ofreció a darles una mano mediante un plan que les permita volver voluntariamente a su país.
Tras dicha reunión, uno de los voceros de la comunidad haitiana en Chile, Williams Pierre, fue claro y también honesto al explicar que el programa servirá para adelantarse a un problema que podría terminar siendo mayor. “Hay personas que si no pueden volver, pueden volverse en más delincuencia para el Estado”, admitió.
“Si la persona no trabaja, no habla el idioma y no tiene la documentación y prefiere volver, pero al final el dueño le pide la casa y no tiene para pagar, puede entrar el delito en su cabeza, a robar o a matar”, añadió.
Hacinamiento migrante
Entre 2016 y 2017, llegaron a Chile 165.000 haitianos, los cuales en su mayoría entraron en vuelos regulares que operaban desde Puerto Príncipe a Santiago, a través de la extinta aerolínea Latin American Wings (LAW).
Si bien el gobierno de Michelle Bachelet nunca levantó una alerta al respecto, la Fiscalía lideró una investigación a esa compañía por tráfico de migrantes.
Para venir a Chile, cientos de ellos debieron pagar su ticket a una agencia que los traía, con la promesa de que llegarían a un país donde tendrían techo y acceso a trabajo, lo cual en muchos casos no se cumplió.
En agosto, un estudio de Techo Chile, basado en los resultados de la Encuesta Casen 2017, reveló que en nuestro país viven 208.768 extranjeros en condiciones de hacinamiento, cuya situación aumentó en más de 90.000 casos en los últimos dos años.
