El pasado 13 de septiembre, el fiscal Emiliano Arias encabezó allanamientos simultáneos en cuatro ciudades del país en busca de documentos y antecedentes de arquediócesis de la Iglesia Católica, cuyos sacerdotes estarían involucrados en delitos de connotación sexual contra feligreses, varios de ellos menores de edad.

El persecutor, en el comienzo de su indagatoria, advirtió que iba a investigar el presunto encubrimiento de estos delitos por parte de la curia de la iglesia y fue así como citó a declarar a dos de los tres cardenales en ejercicio, Ricardo Ezzati y Francisco Javier Errázuriz, ambos en calidad de imputados.

En los allanamientos de Chillán, Concepción y Puerto Montt no hubo problemas, salvo en Valparaíso. Según las fuentes consultadas por Radio Bío Bío, en esa arquediócesis no se produjo la colaboración esperada. Se dijo que las denuncias de feligreses estaban en Roma y nada tenían. Pero personal del OS9 de Carabineros logró dar en un entretecho de la casona del arzobispado porteño con archivos y un computador que estaban tapados bajo unas sábanas.

Este viernes se conoció que -el 26 de septiembre- el sacerdote Luis Meneses Iturrizaga presentó un recurso de protección y una orden de no innovar que fueron acogidas a trámite por la justicia, argumentando que se le afectó la honra, el derecho de propiedad y de trabajo al no haber sigilo en la diligencia.

En el libelo reclama que no se ofició con antelación a la autoridad como establece el artículo 209 del Código Procesal Penal, además de que acusó que “desgraciadamente” no se observó la disposición del primer párrafo del artículo 182 del mismo, que pide que “las actuaciones de la investigación realizadas por el ministerio público y por la policía serán secretos para los terceros ajenos al procedimiento”, al estar presente medios de comunicación en el momento del allanamiento.

Por último, el recurso alega que “quedó bien claro que es posible que seamos afectados por nuevos allanamientos cuya fecha desconocemos”.

Por tanto, pide la devolución del computador incautado, argumentando que hay ahí antecedentes privados de matrimonios que piden anular sus vínculos. Sin embargo, fuentes de La Radio confirmaron que en ese PC hay información relevante sobre los abusos sexuales cometidos presuntamente por sacerdotes.

El Ministerio Público se puso en alerta cuando la Primera Sala de la Corte de Apelaciones de Rancagua revocó la prisión preventiva del excanciller de la Iglesia, Óscar Muñoz Toledo, imputado por violación de menor y cuatro abusos sexuales, además de estupro. Es la misma sala que dictó la orden de no innovar.

El equipo de fiscales que encabeza Arias desplegó de inmediato una ofensiva, pues ese mismo tribunal tendría que fallar los sobreseimiento de Ezzati y Muñoz Toledo, logrando el traslado de la causa a Santiago.

Todo quedó paralizado gracias a la orden de no innovar del arzobispado de Valparaíso, recurso de protección que será fallado por la Corte de Apelaciones de Rancagua, pero que en definitiva resolverá la Sala Penal de la Corte Suprema.

Según fuentes de Radio Bío Bío, las defensa de Ezzati y Muñoz Toledo, los abogados Hugo Rivera y Gabriel Hernández están en coordinación para apoyar que la causa siga en Rancagua. El excanciller de la iglesia no declaró cuando enfrentó al fiscal Sergio Moya el 22 de agosto. En esa oportunidad, según las fuentes consultadas, ofreció declarar y entregar antecedentes sobre el encubrimiento de la curia a cambio de un proceso abreviado. La respuesta del Ministerio Público fue negativa, teniendo en cuenta que los delitos que se le imputan suponen penas superiores a los cinco años y un día y que incluso podrían llegar a los 20 años de presidio. Ahí selló su alianza con las defensas de la Iglesia.